El Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires dictaron este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto entre Fate y sus trabajadores, luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta en San Fernando. La decisión deja sin efecto, al menos de manera provisoria, los 920 despidos comunicados por la firma.

En el ámbito bonaerense, el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa dispuso la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días, con el objetivo de que la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) negocien y busquen una salida al conflicto.

La medida suspende temporalmente las desvinculaciones y ordena retrotraer la situación al momento previo al inicio del conflicto, con el propósito de “promover una solución pacífica y legal”. Durante este período, el gremio no podrá realizar medidas de fuerza y la empresa deberá reincorporar transitoriamente a los trabajadores despedidos.

Minutos después, el Gobierno nacional adoptó una decisión en el mismo sentido. La convocatoria fue realizada desde la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero. Según fuentes oficiales, el sindicato no asistió a la audiencia convocada en ese ámbito.

La conciliación nacional fue formalizada mediante una Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, en el marco de la Ley 14.786. La resolución declara iniciado el período conciliatorio a partir de las 13 de este miércoles y, al igual que la medida provincial, ordena retrotraer la situación por 15 días.

En este contexto, Correa responsabilizó al modelo económico del presidente Javier Milei por la crisis de la compañía. “Es una realidad a la que nos llevó el presidente Milei. Es un ataque certero a la industria nacional, en el marco de un proceso de industricidio”, afirmó.

El ministro bonaerense también advirtió que, de aprobarse la reforma laboral en debate, la Provincia perdería la potestad de intervenir en conflictos de este tipo. “Esto que estamos haciendo, poniéndonos a disposición de los trabajadores, la supuesta modernización laboral lo anula, porque le saca la potestad a las provincias argentinas de inspeccionar y verificar”, sostuvo.

Fate, empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de 80 años de trayectoria, había anunciado el despido de la totalidad de su personal y el cierre de su planta. Desde la compañía argumentaron que la decisión responde a “los cambios en las condiciones de mercado”, en un escenario atravesado por la caída del consumo interno y la apertura de importaciones.

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