El Ejecutivo cuestionó la resolución judicial que ordenó aplicar la ley, mientras rectores y gremios convocaron a una movilización al Congreso para el 15 de octubre. Reclaman fondos para las instituciones, recomposición salarial y mejoras en las becas estudiantiles.
El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva escalada del conflicto con las universidades públicas. Mientras el Ejecutivo cuestiona la resolución, rectores y organizaciones gremiales preparan una movilización frente al Congreso para el próximo 15 de octubre.
La disputa gira en torno a la asignación de recursos para las casas de estudio, la actualización de los salarios docentes y no docentes, y el financiamiento de las becas destinadas a estudiantes.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuestionó la decisión oficial y sostuvo que la apelación busca demorar el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó durante una entrevista en Infobae al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y cuestionó el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para frenar su aplicación. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno recurre a nuevas instancias judiciales para postergar las medidas vinculadas con el financiamiento universitario.
El fallo judicial ordenó al Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que había impedido su implementación.
Desde el Gobierno argumentan que la norma genera obligaciones de gasto que no cuentan con partidas presupuestarias explícitas y cuestionan la falta de una fuente de financiamiento específica.
Frente a esa posición, Cagnacci sostuvo que el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para reasignar recursos presupuestarios cuando debe afrontar nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió el dirigente, al cuestionar los argumentos oficiales.
Además, consideró que el conflicto responde a una discusión sobre las prioridades de la administración nacional. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, afirmó.
La apelación abre una nueva instancia en la disputa judicial, mientras las universidades esperan definiciones sobre la aplicación efectiva de la norma.
Otro de los puntos centrales del conflicto es el incumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales.
Según Cagnacci, el entendimiento contemplaba una recomposición salarial del 24,3% en dos tramos, un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
“El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó el nivel de los ingresos del personal universitario. De acuerdo con los datos que aportó, un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad en la UBA percibe menos de $500.000 netos, mientras que solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza.
En el ámbito de la salud universitaria, indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra alrededor de $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial percibe cerca de $800.000.
Las becas estudiantiles también forman parte de las demandas de la comunidad universitaria. Cagnacci cuestionó el monto de la beca Progresar, que, según indicó, se ubica en $35.000 antes de descuentos.
El representante gremial consideró que esa suma resulta insuficiente para acompañar los gastos de quienes necesitan apoyo económico para continuar sus estudios.
El financiamiento de las universidades no se limita a los salarios y al funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino que también incluye las condiciones materiales que permiten a los estudiantes sostener sus carreras.
En paralelo con la apelación judicial, rectores y federaciones gremiales convocaron a una movilización frente al Congreso para reclamar la aplicación de la ley y una respuesta a las demandas del sistema universitario.
Durante la entrevista, Cagnacci también cuestionó las prioridades fiscales del Gobierno. Comparó los recursos previstos para los hospitales universitarios con otras decisiones económicas y señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para esos centros de salud, mientras que, según sus cálculos, una exención impositiva a una empresa habría implicado una pérdida de recaudación de $140.000 millones.
Asimismo, se refirió a la reducción temporal de las retenciones al sector agropecuario y estimó que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Según su planteo, ese monto equivale al presupuesto anual de la UBA.
Las cifras y comparaciones fueron expuestas por el dirigente gremial en el marco de su cuestionamiento a la política presupuestaria oficial.
La movilización del 15 de octubre buscará mantener el reclamo universitario en la agenda pública, mientras la apelación del Gobierno suma un nuevo capítulo a la controversia por los recursos destinados a la educación superior.
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