La Justicia Federal de Lomas de Zamora allanó las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos destinados a personas detenidas.

La medida fue ordenada por el juez federal Federico Villena ante la sospecha de que el SPF habría avalado un esquema de “cartelización” del servicio de alimentación en el penal de Ezeiza, mediante el uso de empresas pantalla para eludir sanciones judiciales.

Durante el procedimiento se registraron momentos de tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. De acuerdo con fuentes de la causa, el funcionario entregó inicialmente un aparato antiguo y en desuso y, al ser requerido el dispositivo que utilizaba habitualmente, afirmó que lo había “extraviado” esa misma mañana.

Sin embargo, un informe técnico indicó que la última señal del teléfono supuestamente perdido impactó en una antena del barrio porteño de Barracas apenas una hora antes del allanamiento. Ese dato llevó al magistrado a sospechar una posible filtración previa y la destrucción del equipo.

La investigación se originó a partir de denuncias por la provisión de alimentos en mal estado en el complejo penitenciario de Ezeiza. Peritajes de la Anmat confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles incompatibles con el consumo humano.

Tras prohibirle a la empresa Foodrush continuar operando, el juez detectó que la firma que la reemplazó, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, parte del personal y facturaba millonarias sumas a la compañía sancionada.

Otro elemento incorporado al expediente es que el director del SPF se trasladaba en una camioneta secuestrada, registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada que permanece prófugo de la Justicia.

Martínez asumió al frente del Servicio Penitenciario Federal en marzo de 2024, tras ser designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Durante su gestión, el organismo pasó de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, cambio formalizado en diciembre de 2023.