Un presunto esquema de estafas con viviendas sociales quedó bajo la lupa de la Justicia en Chubut. El Ministerio Público Fiscal acusó a cinco mujeres de participar en 594 maniobras fraudulentas que habrían provocado un perjuicio de $59,4 millones a familias que buscaban acceder a una casa en Comodoro Rivadavia.

La principal acusada es Vanesa Elizabeth Fita, de 43 años, hermana del diputado provincial y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Chubut, Gustavo Fita. El fiscal general Martín Cárcamo solicitó para ella una pena de entre seis y ocho años de prisión.

Según la acusación, los hechos ocurrieron entre abril de 2023 y febrero de 2024, cuando las mujeres habrían ofrecido gestionar viviendas construidas o próximas a construirse a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

De acuerdo con la investigación, las familias debían entregar $100.000 para acceder a los supuestos planes habitacionales. De ese monto, $80.000 se presentaban como destinados al organismo provincial y otros $20.000 a conexiones eléctricas.

Sin embargo, el dinero habría terminado en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas.

La Fiscalía sostiene que Vanesa Fita se presentaba como intermediaria de una cooperativa de viviendas y aseguraba tener contactos con funcionarios provinciales para facilitar las adjudicaciones. Las personas interesadas eran incorporadas a grupos de WhatsApp, donde recibían información sobre presuntas asignaciones, documentación y fechas de entrega.

Con el paso del tiempo, los plazos se habrían extendido bajo distintas explicaciones relacionadas con supuestos trámites administrativos pendientes ante el IPV. También se habrían realizado reuniones presenciales en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia.

La investigación comenzó en febrero de 2024, tras las denuncias de vecinos que detectaron irregularidades en las promesas de acceso a las viviendas. Durante la pesquisa se formalizaron 179 denuncias penales y se reunieron transferencias bancarias, mensajes y comunicaciones telefónicas, entre otros elementos probatorios.

Además de Vanesa Fita, la Fiscalía atribuyó distintos niveles de participación a otras cuatro mujeres:

• María Victoria Curán, de 43 años: está vinculada a 400 hechos y se solicitan entre cinco y seis años de prisión.

• Camila Lara Páez, de 22 años: aparece relacionada con 320 hechos, con un pedido de entre cuatro y cinco años.

• Lucía Lorena Miranda, de 47 años: está imputada por 130 maniobras y se solicitan entre tres y cuatro años de prisión.

• Gisela Belén Mansilla, de 34 años: está acusada de participar en cuatro hechos, con una pena solicitada de entre uno y dos años.

El fiscal calificó los hechos como presuntas estafas mediante simulación de una calidad e invocación engañosa de influencias, en los términos del Código Penal. Para la acusación, las maniobras habrían aprovechado la necesidad habitacional de las familias y la expectativa de obtener una vivienda.

Uno de los puntos de la investigación se relaciona con los supuestos vínculos políticos que se habrían utilizado para generar confianza entre las víctimas.

Según el testimonio de una denunciante, durante una reunión Vanesa Fita habría afirmado contar con el respaldo del entonces gobernador Mariano Arcioni y de una integrante de su equipo. Esas referencias habrían servido para reforzar la credibilidad de las promesas de adjudicación.

La mención forma parte de la prueba testimonial reunida por la Fiscalía, pero no demuestra por sí misma que Arcioni o la funcionaria mencionada hayan participado de las presuntas estafas.

Los hechos investigados comenzaron durante la gestión de Arcioni y se extendieron hasta el mandato del actual gobernador, Ignacio Torres.

Tras presentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia un juicio por jurados. El requerimiento deberá superar el correspondiente control judicial antes de que pueda abrirse el debate oral.

La causa busca determinar las responsabilidades individuales de las cinco mujeres en las presuntas maniobras y esclarecer el destino del dinero entregado por las familias.

Hasta que exista una sentencia firme, las acusadas conservan el principio de presunción de inocencia.

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