Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos su rechazo al fallo que la obliga a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, dictado en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska. La Procuración del Tesoro calificó la decisión como una “errónea sentencia” y sostuvo que el fondo Burford Capital, demandante en la causa, busca obstaculizar el regreso del país a los mercados internacionales.

Durante la audiencia, los abogados del Estado argentino señalaron que el tribunal debe “aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino”. Además, remarcaron la importancia del caso para el país y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial estadounidense, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La Procuración explicó que el reclamo de Burford se basa en una interpretación incorrecta del derecho argentino y en “ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser dejadas de lado”. Aclaró que la controversia no corresponde al derecho bursátil estadounidense ni a declaraciones vinculadas al prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993.

Según la presentación, los demandantes no adquirieron sus intereses en YPF durante aquella oferta pública, sino quince años después, mediante transacciones privadas en España con Repsol, operaciones que habrían estado “rodeadas de sospechas de corrupción”. En ese período, Repsol y sus socios “drenaron los recursos de YPF” mediante el pago de dividendos elevados.

Los representantes argentinos destacaron que el verdadero impulsor del litigio es Burford Capital, un fondo británico que utiliza los tribunales estadounidenses “para obtener una ganancia extraordinaria derivada de una controversia regida por la ley argentina”. Recordaron que Burford compró el reclamo por 15 millones de euros y ahora pretende una ganancia superior al 37.000%, cifra que con los intereses posteriores a la sentencia alcanza aproximadamente US$ 18.000 millones.