La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, conducida por Guido Lorenzino, envió una nota formal al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches, para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas a personas con discapacidad en territorio bonaerense y la revisión de los procedimientos aplicados por ese organismo nacional.

El relevamiento realizado por la Defensoría "detectó situaciones que vulneran derechos básicos de personas con discapacidad y sus familias, entre ellas la suspensión de pensiones sin notificación fehaciente", dejando a los beneficiarios sin ingresos de carácter alimentario.

Además, se advirtieron procedimientos de auditoría confusos, con citaciones mediante cartas documento o telegramas poco accesibles, en plazos reducidos y con un lenguaje técnico difícil de comprender. También se suman obstáculos como dificultades de traslado, falta de turnos médicos y barreras económicas, que impidieron a muchos beneficiarios cumplir con las exigencias requeridas.

A esto se suma el registro de notificaciones que nunca llegaron a destino por fallas en el sistema de correo utilizado, lo que generó mayor incertidumbre y desprotección. En otros casos, se verificaron demoras de años en la evaluación y otorgamiento de nuevas pensiones.

En la nota, la Defensoría recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en la Argentina, establece que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y que el Estado debe garantizar accesibilidad, ajustes razonables y no regresividad en el acceso a prestaciones sociales.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó a la ANDIS:

• Restituir de manera urgente las pensiones suspendidas y abstenerse de nuevas bajas unilaterales.

• Suspender los procedimientos de auditoría hasta garantizar estándares internacionales de derechos humanos y accesibilidad.

• Informar de manera clara los criterios utilizados para otorgar pensiones, evitando requisitos restrictivos contrarios a la Convención.

• Transparentar la cantidad de pensiones interrumpidas o suspendidas en la provincia.

• Agilizar los trámites pendientes de nuevas pensiones.

A esta presentación se adhirió también la delegación local de la Defensoría del Pueblo, encabezada por Fernanda Ruzza, que reforzó el pedido de restitución de las pensiones.