El Concejo Deliberante trató un pedido de informes sobre el edificio abandonado ubicado en avenida Kelly y calle 25, que la semana pasada volvió a sufrir un incendio en las maderas utilizadas para cerrar el acceso. La iniciativa de la concejal de Fuerza Patria, Sol Di Gerónimo, busca conocer por qué intervino personal municipal y quién deberá afrontar los costos de los trabajos.

Di Gerónimo señaló que, luego del incendio, se observaron operarios municipales realizando tareas de cerramiento en el inmueble. Por eso, solicitó que el Departamento Ejecutivo informe si el propietario fue intimado, si se labraron actas de inspección y si se aplicaron multas. También pidió conocer cuánto costará la intervención y si el Municipio reclamará ese dinero a los responsables del edificio.

“Yo puedo entender que por una cuestión de seguridad necesitan tapiar en la calle 25, lo puedo entender, pero no es prioritario. Que se haga cargo el dueño del lugar”, sostuvo la edil.

En su intervención, comparó los trabajos con otras demandas que, según planteó, esperan respuestas municipales, entre ellas la asistencia a vecinos con problemas habitacionales.

La concejal también advirtió sobre los riesgos que genera el estado del inmueble y señaló que vecinos alertaron sobre el ingreso de personas al edificio, donde incluso habría habido colchones utilizados por quienes se encuentran en situación de calle. No obstante, consideró que la responsabilidad principal del mantenimiento debe recaer en los propietarios.

Por su parte, el concejal de Juntos, Leandro Spinelli, explicó que la intervención municipal se realizó después del incendio, debido al deterioro del vallado y a la necesidad de impedir el ingreso al lugar. “Ante la urgencia y la emergencia, había que solucionar ese inconveniente”, afirmó.

Spinelli indicó además que la situación se encuentra en trámite en el Juzgado de Faltas y aseguró que la empresa propietaria no respondió a los requerimientos del Municipio. “Coincidimos en que es el empresario, que es la sociedad propietaria del inmueble, quien tiene que hacerse cargo del mantenimiento. Pero, ante la falta de respuesta del privado, corresponde que el Municipio intervenga y después intime a la empresa para que termine haciéndose cargo”, explicó.

El pedido de informes apunta a precisar las actuaciones realizadas por el Ejecutivo, las medidas adoptadas frente a los responsables del edificio y el eventual costo que tendrá para el Municipio el cerramiento de una propiedad privada.

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