La investigación iniciada a fines de enero por el caso de menores en cuyos organismos se detectó presencia de estupefacientes continúa en pleno desarrollo y este viernes se concretaban nuevas instancias clave dentro del proceso judicial.

En diálogo con GABAL, la ayudante fiscal Laura Molina confirmó que cuatro de los chicos estaban declarando bajo la modalidad de Cámara Gesell en la ciudad de Mar del Plata, mientras que otros dos no pudieron hacerlo por tratarse de bebés de apenas uno y dos meses de vida.

La funcionaria explicó que la causa se inició el 25 de enero y que actualmente hay una persona detenida, en una etapa en la que la fiscalía debe reunir pruebas para solicitar —o no— la prisión preventiva. Ese plazo inicial es de 15 días, con posibilidad de prórroga por otros 15, período durante el cual se llevan adelante distintas diligencias probatorias, pericias químicas y análisis de los elementos secuestrados.

Respecto al procedimiento que se realizaba durante la mañana, Molina detalló que la Cámara Gesell es el mecanismo legal previsto para recibir declaración a menores víctimas, evitando su revictimización. La entrevista es realizada por una psicóloga especializada, mientras que las partes del proceso observan desde otra sala y formulan preguntas de manera indirecta.

La declaración queda videofilmada y se incorpora como prueba anticipada dentro del expediente, siendo la única vez que el menor declara en el proceso judicial. Ese material podrá ser utilizado en las distintas etapas de la causa, incluso en un eventual juicio.

“Se trata de un adelanto extraordinario de prueba”, explicó la ayudante fiscal, quien además indicó que antes de la declaración se realiza una evaluación psicológica para determinar si el menor está en condiciones de prestar testimonio.

Según precisó, la fiscalía se encuentra a la espera de los resultados de diversas pericias y de los testimonios que surjan de estas declaraciones para definir los próximos pasos. El objetivo inmediato es resolver si se solicita la prisión preventiva del imputado, decisión que luego deberá ser evaluada por el juez de Garantías.

En paralelo, el Servicio de Protección interviene en lo vinculado a la tutela y resguardo de los menores, mientras que la fiscalía concentra su labor en la investigación penal del hecho.

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