El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de reforma integral del Código Contravencional, con el objetivo de endurecer las sanciones para distintas conductas que afectan la convivencia urbana.

La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue enviada a la Legislatura porteña y propone modificar la Ley 1.472, que establece el Código Contravencional, y la Ley 12, correspondiente al procedimiento contravencional.

El proyecto contempla aumentos significativos en las multas y los días de arresto, además de incorporar nuevas faltas relacionadas con el ámbito digital, la ocupación del espacio público y la alteración de sistemas de seguridad y transporte.

“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Macri al presentar la iniciativa.

Uno de los principales cambios alcanza a quienes conducen bajo los efectos del alcohol.

Actualmente, las multas van de 300 a 2.000 unidades fijas, mientras que el arresto puede alcanzar los 10 días y la inhabilitación de la licencia extenderse hasta dos años.

Con la reforma, la sanción económica pasaría a un rango de 1.000 a 6.000 unidades fijas, con un máximo superior a $7 millones. Además, el arresto podría extenderse de 5 a 30 días y la inhabilitación de la licencia llegaría hasta cuatro años.

El proyecto también eleva de manera considerable las sanciones para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, entre ellas la venta informal.

La multa máxima pasaría a ser de 50.000 unidades fijas, equivalentes a unos $58,6 millones, con el objetivo de desalentar la ocupación irregular de la vía pública con fines comerciales.

La reincidencia tendrá un tratamiento más severo. El proyecto establece aumentos de las penas del 50% para la primera reincidencia, del 66,6% para la segunda y del 100% para la tercera.

Además, ya no sería necesario que la persona cometa exactamente la misma contravención para ser considerada reincidente. Alcanzaría con que vuelva a incurrir en una conducta considerada similar dentro del espacio público.

En el caso de los trapitos, la reincidencia podría elevar el arresto hasta 90 días. También se prevé que los reincidentes queden excluidos del régimen de arresto domiciliario, salvo excepciones debidamente justificadas.

Para realizar un seguimiento de estos casos, la iniciativa contempla la creación de un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

Las sanciones por ruidos molestos también aumentarían. Las tareas de utilidad pública pasarían de un máximo de cinco días a 15, mientras que las multas podrían alcanzar las 600 unidades fijas, unos $703.848. También se incorporaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.

El proyecto incorpora además nuevas contravenciones vinculadas con el mundo digital y la seguridad. Entre ellas figuran el acecho o seguimiento en la vía pública, la obtención fraudulenta de claves y códigos mediante engaños digitales, la comercialización de datos personales, la portación de dispositivos para interferir señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte.

La portación de materiales destinados a provocar disturbios, como bombas molotov, podría ser sancionada con multas de hasta $9,3 millones o 45 días de arresto, además del decomiso de los elementos.

También se prevén sanciones para quienes dañen o interfieran sistemas de videovigilancia pública, con multas de hasta $4,6 millones o 30 días de arresto, además de la obligación de reparar los dispositivos afectados.

Uno de los puntos más novedosos de la reforma está relacionado con los adolescentes de entre 14 y 17 años.

El proyecto establece la posibilidad de responsabilización contravencional desde los 14 años, aunque bajo un régimen especial. Los menores no podrán ser detenidos y deberán contar con defensa especializada.

Las sanciones estarán orientadas principalmente a la educación y la integración social e incluirán amonestaciones, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad.

Para este grupo también se mantiene la posibilidad de acceder a la probation, siempre que se cumplan determinadas reglas de conducta, se repare el daño y se mantenga la escolaridad.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió la iniciativa y aseguró: “Buscamos sancionar el phishing, los deepfakes y el acecho, y que quienes tienen entre 14 y 17 años respondan por sus contravenciones. No vamos a mirar para otro lado. En la Ciudad hay consecuencias”.

La propuesta deberá ahora ser debatida en la Legislatura porteña, donde se definirá si los cambios impulsados por el Ejecutivo de la Ciudad se convierten en una nueva normativa.

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