La investigadora Virginia Aparicio mantuvo finalmente un encuentro con concejales, donde pudo explicar los principales aspectos del proyecto internacional SPRINT y brindar detalles sobre la situación administrativa que atraviesa actualmente dentro del INTA. La reunión se desarrolló de manera informal, luego de que días atrás no prosperara su convocatoria formal a la Comisión de Salud del Concejo Deliberante.

Durante el encuentro, Aparicio repasó el trabajo realizado junto a investigadores de diferentes países y explicó cuál fue el objetivo de la participación argentina dentro del proyecto “Nosotros nos metimos en ese proyecto para adelantarnos en la política pública vinculada” con el uso de plaguicidas, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con el análisis de la exposición simultánea a diferentes productos. Según explicó, SPRINT no buscó estudiar únicamente una sustancia en particular, sino conocer qué sucede cuando una persona está expuesta a una combinación de distintos plaguicidas: “Hasta ahora la medicina dice: si estoy expuesto al glifosato, probablemente genere tal síntoma; si estoy expuesto a otra sustancia, probablemente genere otro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos todo eso junto?”, planteó.

El proyecto permitió analizar más de 200 sustancias y contempló diferentes tipos de muestras. En Argentina se trabajó sobre personas, alimentos, agua, suelo y polvo, entre otros elementos.

Aparicio consideró que la información obtenida representa una herramienta importante para profundizar nuevas investigaciones y avanzar en políticas públicas. “Hay una base de datos tan importante que hay aristas para analizar por todos lados”, manifestó.

También remarcó que el trabajo científico no tuvo como finalidad confrontar con el sector productivo, sino aportar información que permita mejorar las prácticas y reducir posibles riesgos: “Yo quiero que todo el mundo pueda trabajar”, expresó, aunque al mismo tiempo remarcó la importancia de avanzar con mayores controles sobre las aplicaciones y sobre el cumplimiento de las normas vigentes.

En ese marco, la investigadora sostuvo que la educación y las buenas prácticas resultan fundamentales, pero consideró que también debe existir un seguimiento efectivo: “Es mejor trabajar persuadiendo que trabajar imponiendo. Eso lo tenemos claro”, señaló. Sin embargo, advirtió que la concientización pierde efectividad cuando no existe control sobre lo que ocurre en el territorio.

Aparicio también cuestionó situaciones relacionadas con las aplicaciones de productos fitosanitarios. “No puede ser que un productor agropecuario o un aplicador aplique cualquier cosa, no te dé la receta y no haya ningún ingeniero agrónomo ahí. ¿Eso por qué no se controla?”, planteó ante los concejales.

Otro de los temas abordados fue el sumario administrativo que enfrenta dentro del INTA. La investigadora explicó que el expediente continúa bajo secreto, por lo que no puede brindar mayores precisiones sobre las imputaciones formuladas en su contra.

No obstante, confirmó que existe un pedido de exoneración, la sanción más grave contemplada para un trabajador de la administración pública: “Una exoneración es la medida más grave dentro de la administración pública para un empleado público”, sostuvo.

Además, señaló que otros integrantes vinculados al proyecto SPRINT también quedaron alcanzados por actuaciones administrativas, aunque con pedidos de sanciones diferentes. “Yo soy el eslabón de abajo, en el que piden la exoneración”, afirmó.

Durante la reunión, Aparicio manifestó además su preocupación porque el conflicto administrativo termine desplazando el debate sobre los resultados obtenidos por la investigación: “Nosotros lo que queremos es llegar al tema salud pública, si acá puede haber daño o no. ¿Qué podemos hacer para adelante?”, resumió.

A partir de lo expuesto, entre los concejales surgió además la posibilidad de solicitar formalmente información sobre los resultados del proyecto SPRINT, con el objetivo de acceder a la documentación disponible y evaluar posibles acciones desde el ámbito legislativo vinculadas con la salud pública y el control de las aplicaciones de productos fitosanitarios.

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