Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante propone que el Municipio adopte medidas para impedir la colocación y permanencia de propaganda político-partidaria o electoral en plazas, parques, paseos, plazoletas y demás espacios verdes públicos del distrito.
La iniciativa plantea que la medida alcance a carteles, afiches, pasacalles, pancartas, banderas, pegatinas y otras estructuras utilizadas como soporte de publicidad política durante los períodos electorales.
Entre los fundamentos, el proyecto sostiene que los espacios verdes públicos son lugares destinados al encuentro, la recreación, el descanso y las actividades deportivas, culturales y comunitarias, por lo que considera necesario preservar sus condiciones paisajísticas, ambientales y estéticas.
También se señala que la instalación de este tipo de elementos puede afectar árboles, arbustos, canteros, mobiliario urbano, luminarias y monumentos, además de modificar la fisonomía de los espacios públicos.
Protección especial para Plaza Libertad
Uno de los puntos particulares de la propuesta está relacionado con la Plaza Libertad, que fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto Nacional N° 1.138/2014.
El proyecto solicita que el Departamento Ejecutivo establezca para ese espacio un régimen de protección especial, con el objetivo de preservar su integridad arquitectónica, paisajística, histórica y cultural.
En los fundamentos se destaca que esta condición patrimonial implica una responsabilidad adicional respecto de la conservación del lugar.
La propuesta no busca limitar la participación política
El proyecto aclara que la intención no sería impedir los derechos de expresión, reunión y participación política, sino regular específicamente la utilización de los espacios verdes públicos como soporte de propaganda.
En ese sentido, uno de los artículos solicita que las medidas que adopte el Municipio se limiten a ordenar la colocación y permanencia de elementos de propaganda sin afectar el derecho de los ciudadanos a expresarse, reunirse o participar políticamente.
Al tratarse de un proyecto de comunicación, la iniciativa plantea una solicitud al Departamento Ejecutivo para que adopte las medidas correspondientes, pero no establece por sí misma una prohibición vigente.
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