El presidente Javier Milei oficializó el despido de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro y la reorganización completa del organismo jurídico que representa al Estado. La medida fue tomada en el marco de una reestructuración impulsada por el Decreto 475/2025, luego de que surgieran sospechas de filtraciones internas que habrían beneficiado al fondo Burford, actualmente sigue en curso en Nueva York. El caso ya generó una condena contra Argentina por 16.100 millones de dólares, aunque la ejecución de la sentencia fue suspendida provisoriamente.

La reforma redujo de seis a cuatro las Direcciones Nacionales del organismo, disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y creó el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), con menor jerarquía y plantilla reducida. El oficialismo justifica estos cambios como parte de una estrategia de eficiencia y recorte del gasto público, aunque fuentes del Gobierno reconocen que el trasfondo real está ligado a la desconfianza interna y los vínculos entre funcionarios y estudios jurídicos ligados a la parte demandante.

Pese a los cuestionamientos, el procurador Santiago Castro Videla, cuya firma tiene nexos con juristas que colaboraron con Burford, permanece en su cargo, presuntamente por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo. En paralelo, se fortalece el área de auditoría interna y sumarios dentro de la nueva estructura. El rediseño no solo apunta a modernizar el funcionamiento legal del Estado, sino también a blindar su defensa en el litigio internacional más costoso de la historia argentina.