La estrategia -lógica- de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre el futuro de los sueldo de los legisladores, tuvo efecto. Tras diversas notas presentadas por los jefes de diversas bancadas de la Cámara alta, la titular del Senado firmó este jueves una resolución para prorrogar el congelamiento de las dietas hasta el 31 de marzo próximo. Es decir, hasta un mes después de iniciado el nuevo período de sesiones ordinarias, por lo que una próxima definición en cuanto a este tema quedará en manos del recinto.

Como adelantó Infobae el martes último, las presentaciones de diversas misivas a Villarruel desde diferentes bloques, como La Libertad Avanza, el Pro, Provincias Unidas, los misioneros renovadores -no massistas- y el aliado oficialista Francisco Paoltroni, entre otros -no aparece la bancada kirchnerista-, liberaron el camino que procuró la Vicepresidenta para que la resolución de esta tarde tuviera volumen y justificación.

Para entender el embrollo que se destrabó esta tarde, que la Casa Rosada utilizó para limar a la vicepresidenta y titular del Senado, hay que retrotraerse a abril pasado, cuando los hoy peleadísimos oficialismo y oposición pactaron un nuevo sistema de dietas y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los mismos pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo.

El mensaje con el que Victoria Villarruel confirmó la prórroga del congelamiento de los haberes de senadores hasta el 31 de marzo próximo (X)

Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo, que es de $2,5 millones en mano y se saldó durante la jornada de hoy. Esto representó, desde mayo pasado, más de $7 millones en bruto que cobran en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación, como informó meses atrás este medio. Si no se frenaba la actualización del corriente mes, los representantes de las provincias iban a pasar a más de $9 millones en bruto.

Tras la polémica generada ante el penúltimo aumento otorgado a empleados legislativos -que estaba atado al de los senadores- del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones.

En noviembre pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año. Por eso el apuro de estos días para evitar una nueva guerra.

Con la resolución de Villarruel, la cuestión de las dietas queda apaciguada hasta el 31 de marzo próximo. Previo o posterior a eso, serán los propios senadores quienes tendrán que analizar qué camino adoptar ante próximos aumentos de los módulos con los que se rige la Cámara alta para calcular los haberes. Junto a esto se desactiva un punto extra que tenía la Casa Rosada para pegarle, sin motivo alguno, a la Vicepresidenta.

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