En su séptima sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante  aprobó por mayoría un proyecto de Resolución para expresar preocupación por los intentos del Gobierno nacional de modificar la estructura del Consejo Directivo del INTA, con el riesgo de avanzar en una restructuración que despediría a 1500 trabajadores y vendería gran cantidad de inmuebles. 

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Cuerpo, Agustín Cassini, quien advirtió que las decisiones que se están tomando “van en desmedro de un organismo clave para el desarrollo productivo, científico y tecnológico del país”. En su intervención, señaló que “la posible modificación del Consejo Directivo para que el Ejecutivo tenga mayoría atenta contra la autonomía histórica del INTA”, y remarcó que “esto no es una defensa partidaria, sino de la institucionalidad de un ente que ha sido ejemplo en todo el país y que trabaja codo a codo con el sector agropecuario”.

Por su parte, Enrique Guillén, concejal de La Libertad Avanza, defendió la postura de su bloque al rechazar el proyecto. Aseguró que “no habrá despidos masivos ni vaciamiento del INTA, como se dice”, y calificó al proyecto como “basado en dichos mediáticos”. Explicó que el Gobierno nacional ofreció retiros voluntarios con pagos superiores a los legales y destacó que “es necesario modernizar estructuras que en muchos casos quedaron obsoletas”. También respaldó al actual presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, a quien definió como “un técnico que viene del campo y no de la política, y que conoce la realidad local”.

La postura del Frente de Todos fue ratificada por el concejal Martín Pérez, trabajador del INTA desde hace varias décadas. “En 1982 había 6.500 empleados y hoy no hay más que eso. Lo que hay es una planta envejecida por la falta de ingresos durante años. Decir que se duplicó el personal es falso”, sostuvo. Además, desmintió otras versiones difundidas en medios nacionales: “No hay 3.000 autos abandonados, como se dijo. En Balcarce no hay más de 30 vehículos en desuso. Y el área de poscosecha no tiene un solo empleado, como afirmaron, sino seis”.

Pérez fue contundente al cuestionar el intento de modificar el Consejo Directivo: “Históricamente el INTA fue gobernado por un directorio mixto, público-privado, con decisiones que trascienden los mandatos. Que el Gobierno nacional tenga mayoría en ese ámbito pondría en riesgo investigaciones a largo plazo”. Y concluyó: “Achicar el INTA no es ahorrar, es perder inversión en ciencia y tecnología en un país agroganadero por excelencia”.