Tras el resultado favorable en las elecciones, el Gobierno retomó la discusión por la reforma laboral que ya se debatía en el Consejo de Mayo. El nuevo proyecto, presentado por la diputada nacional Romina Diez y acompañado por legisladores de distintos bloques, lleva por nombre Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y busca actualizar el marco laboral argentino en línea con la Ley Bases.

La iniciativa plantea una ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios colectivos, y la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas, entre otros cambios. También redefine aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, como la irrenunciabilidad de derechos, las facultades del empleador para modificar condiciones de trabajo y la incorporación de beneficios sociales no remunerativos (almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil e internet).

Entre los puntos más destacados, el proyecto permite:

• Vacaciones fraccionadas en períodos no menores a una semana, garantizando al menos una vez cada dos años el descanso en verano.

• Pago de sueldos en efectivo, cheque o transferencia, y recibos electrónicos con información detallada.

• Gestión flexible de horas extras y francos compensatorios mediante convenios colectivos.

• Indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales para micro, pequeñas y medianas empresas.

• Bonos fiscales para nuevos empleos, que otorgan beneficios del 25% al 100% según el tamaño de la empresa.

Además, se mantienen los plazos actuales por licencias médicas, pero se incorpora un sistema de control de certificados y la posibilidad de sancionar a profesionales que emitan documentación irregular.

El proyecto también limita los intereses en juicios laborales y los honorarios de abogados al 20% del monto, buscando reducir litigiosidad.

Con esta iniciativa, el oficialismo apunta a “modernizar y transparentar las relaciones laborales”, reducir los costos de contratación y fomentar el empleo formal, especialmente en el sector pyme.