El Gobierno nacional decidió prorrogar la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de gestionar más de 6.000 kilómetros de rutas alrededor de un tercio del tráfico de la red vial troncal del país, hasta que concluya su proceso de privatización y disolución.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 464/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, y se enmarca dentro de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a la compañía como “sujeta a privatización”.

El Ejecutivo confirmó la continuidad de Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, y facultó al Ministerio de Economía a dictar normas complementarias para implementar la decisión.

El decreto aclara que la intervención continuará “hasta culminar el procedimiento” establecido por el Decreto 97/2025, que autoriza la privatización total de la empresa bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.

Durante la intervención, el Gobierno denunció múltiples falencias en la gestión de Corredores Viales, entre ellas problemas en la administración, finanzas, compras, contrataciones, área legal y relevamiento de activos. En respuesta, se implementaron medidas correctivas como la aprobación de un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la regularización de la estructura legal.

A pesar de estos avances, el Ejecutivo justificó la prórroga señalando que aún quedan tareas pendientes para garantizar una transición ordenada y eficiente que no ponga en riesgo la operatividad de los corredores.

Corredores Viales S.A, es la empresa que concesionaria a cargo, por el momento, del peaje "El Dorado" de la ruta nacional 226 que pasa por la ciudad de Balcarce. En ese marco, la decisión de la privatización, marca también la incertidumbre de los trabajadores del sector tras la medida que se efectivizará al concluir el proceso a privado.