El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, aunque su aplicación quedó en suspenso. A través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avaló ambas normas ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre, pero aclaró que su cumplimiento dependerá de que el Parlamento defina de dónde saldrán los fondos necesarios.

La decisión replica lo hecho semanas atrás con la ley de emergencia en discapacidad, y responde a la postura oficial de que el Congreso debe determinar los recursos para financiar las medidas que aprueba. En este caso, el Ejecutivo sostiene que el Presupuesto 2026 deberá contemplar los fondos correspondientes para las universidades públicas y el Hospital Garrahan.

Ley de financiamiento universitario
Mediante el Decreto 759, el Gobierno promulgó la Ley 27.795, que establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. La norma busca garantizar el sostenimiento del sistema universitario, actualizar los salarios según la inflación y fortalecer programas de becas, tecnología, investigación y extensión universitaria.

El texto establece que el Ejecutivo debe definir partidas para el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, con el fin de asegurar la permanencia y graduación de los estudiantes, así como la formación del personal docente. Según estimaciones oficiales, la implementación total de la ley tendría un costo de alrededor de $1,07 billones en 2025 y superaría los $2 billones en 2026. No obstante, su ejecución quedará suspendida hasta que el Congreso determine fuentes de financiamiento.

Ley de emergencia pediátrica
A través del Decreto 760, el Ejecutivo también promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales por un año. El objetivo es garantizar el acceso equitativo a la atención infantil, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal de salud.

La norma reconoce al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional y contempla incentivos y beneficios fiscales para profesionales en áreas críticas. El costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, aunque el propio decreto advierte que el Ministerio de Salud presenta un déficit de $102.400 millones y que los fondos previstos no son suficientes. Por este motivo, la aplicación de la ley también quedó supeditada a la aprobación de nuevas partidas en el Presupuesto nacional.