Como parte de un conflicto creciente en torno a los peajes de rutas nacionales, este martes la ruta nacional 226  reflejó el inicio de un paro de trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa), quienes exigen certezas sobre la continuidad de sus puestos laborales ante lo que denuncian como una “inminente privatización”.

La protesta se enmarca en el paquete de reformas impulsadas por el gobierno nacional, que incluyen un plan de licitaciones para rutas nacionales, tanto aquellas que actualmente no están concesionadas como otras que ya se encuentran en manos de empresas privadas. En ese proceso, se prevé además quitarle tramos a la empresa estatal Corredores Viales S.A., entre ellos la Ruta 226, lo que disparó el malestar gremial.

“Ante la inminente privatización de Corredores Viales SA –empresa conformada por Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía– y su reciente intervención, queremos expresar nuestra preocupación ante los posibles despidos en los diez tramos que componen esta concesionaria”, expresaron desde Sutpa en un comunicado.

La medida se replicó en diferentes peajes del país que forman parte de los tramos gestionados por Corredores Viales.  “No somos ñoquis: somos argentinos y argentinas de bien que trabajamos con responsabilidad y queremos ganar nuestro salario dignamente”, señalaron.

La situación se agudizó la semana pasada, cuando el Gobierno nacional oficializó la intervención de Corredores Viales S.A., paso previo a su disolución definitiva una vez finalizados los contratos actuales. Según lo previsto, el proceso de licitación se dividirá en dos etapas.

La primera, centrada en las rutas 12 y 14 que recorren Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, comenzará con la finalización del contrato de Crusa. La segunda incluirá más de 5.500 kilómetros de rutas, entre ellas la ruta 226, como parte del denominado “Tramo VII”, y representa una privatización directa de las vías que hasta ahora eran gestionadas por el Estado.

Mientras se aguarda la licitación, los trabajadores reclaman una mesa de diálogo y la garantía de que no habrá despidos ni pérdida de derechos laborales en el marco de los cambios impulsados por el Ejecutivo.