El Gobierno nacional presentó una denuncia en la Justicia Federal por lo que calificó como una “operación de inteligencia ilegal”, luego de la difusión de audios grabados en Casa Rosada que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se trató de un “ataque ilegal, planificado y dirigido” y no de una filtración. Según señaló, los audios fueron manipulados con el fin de condicionar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral.

Medida judicial

Paralelamente, el juez Alejandro Patricio Maraniello, en lo Civil y Comercial, dictó una medida cautelar que ordena el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. El magistrado dispuso que la prohibición rige para cualquier medio escrito, audiovisual o digital, incluyendo redes sociales y plataformas web.

En la resolución, Maraniello sostuvo que se trata de “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, y habilitó días y horas inhábiles para garantizar el cumplimiento. El oficio fue girado al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La controversia

Los audios comenzaron a circular el viernes 29 de agosto en el canal de streaming Carnaval, donde se escuchaba a Karina Milei pedir “unidad” en la interna libertaria. Desde Presidencia denunciaron que la difusión buscó “generar caos, desinformación y condicionar las elecciones”.

Entre los señalados como responsables se mencionó a los periodistas y empresarios Mauro Federico, Pablo Toviggino, Jorge Rial –quien recientemente había declarado que había que espiar al presidente Javier Milei– y el abogado Franco Bindi.

En su denuncia, el Ejecutivo subrayó la “gravedad de los hechos”, al sostener que los audios fueron obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal, editados y difundidos de manera clandestina. Por eso reclamó la cautelar en defensa de la legalidad y la transparencia democrática.