El esquema de “normalización” del sistema eléctrico que impulsa el Gobierno nacional continúa generando preocupación entre especialistas y actores del sector energético. Especialistas advierten que la Resolución 400/2025, firmada por la Secretaría de Energía, podría derivar en un escenario de aumento de tarifas, concentración del mercado y mayor volatilidad en los precios.

Desde el ámbito provincial, describieron varios puntos críticos que “ponen en tensión la estabilidad del mercado y la protección de los usuarios residenciales”. Entre ellos, se mencionó el riesgo de picos tarifarios ante subas del gas o baja hidraulicidad, la debilidad contractual de las distribuidoras tras el retiro de CAMMESA como operador central y la posible concentración del poder de mercado en manos de grandes generadoras privadas.

Las centrales térmicas estatales bajo control de ENARSA pasarán a operar únicamente bajo el régimen “spot” hasta su privatización, lo que podría limitar la capacidad del Estado para amortiguar subas y generar presiones sobre los precios de punta.

Otro aspecto cuestionado es la exigencia a nuevos grandes consumidores, como polos industriales o data centers, de garantizar su propia capacidad de generación y respaldo físico. Esto, advirtieron, “podría desalentar inversiones o profundizar las desigualdades regionales en materia energética”.

También preocupa la falta de coordinación entre el nuevo esquema nacional y los marcos regulatorios provinciales, lo que podría derivar en conflictos de facturación y demoras en la actualización de tarifas, reeditando el problema histórico de las deudas de las distribuidoras con CAMMESA.

Desde el sector cooperativo bonaerense, en tanto, también se multiplican las advertencias. Fuentes del sector señalaron que cada cooperativa deberá negociar directamente con los generadores, y que los resultados de esas negociaciones “podrían trasladarse a los usuarios, aun cuando la tarifa siga regulada por la Provincia”.

“Si una cooperativa cierra un mal contrato, el vecino podría terminar pagando más que en otra ciudad. Eso rompe la equidad del sistema”, señalaron. Además, remarcaron que el nuevo escenario podría beneficiar a los grandes clientes industriales que contraten en dólares, pero dejar en una situación más frágil a los usuarios residenciales.

En ese contexto, las cooperativas advierten que sus finanzas ya están tensionadas por las deudas con CAMMESA y por la función social que cumplen en muchas localidades. “Para un generador privado, siempre será más rentable venderle a un cliente directo que a una distribuidora chica”, sintetizó un representante del sector.

Desde otro sector del cooperativismo consideraron que las medidas podrían abrir un “nuevo paradigma”, donde las cooperativas creen sus propias comercializadoras y los grandes usuarios elijan su distribuidor. Sin embargo, advirtieron que el principal desafío será sostener a los usuarios residenciales en un mercado dolarizado y sin red de contención estatal.