El Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar un decreto que regulaba desde 1993 la relación entre el Estado y las instituciones educativas de gestión privada en todo el país. La decisión, oficializada este martes, podría impactar en el ciclo lectivo 2026.

A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó el Decreto 2417/1993, que establecía pautas y procedimientos de control sobre los precios de las cuotas y matrículas escolares. Con la nueva disposición, los colegios ya no estarán obligados a comunicar ni a obtener autorización previa para modificar sus aranceles.

No obstante, en la provincia de Buenos Aires el control de los aumentos continúa bajo la órbita del Gobierno bonaerense, por lo que no se espera una desregulación inmediata en ese distrito.

Argumentos oficiales

Según los fundamentos del decreto, el régimen derogado “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto agrega que la norma original respondía a “una época en la que la educación estaba bajo administración nacional”, y que el traspaso de competencias a las provincias justificaba una revisión del marco normativo para promover “un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos privados”.

El Ejecutivo sostuvo que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica del sector”. En esa línea, argumentó que la obligación de informar y obtener autorización para modificar cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, impidiéndoles ajustar sus precios según los costos operativos reales.

“Libertad de precios” y criterio de mercado

El Gobierno subrayó además que los colegios privados deberían tener libertad para fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal, en defensa del derecho de propiedad.

Según la visión oficial, la rigidez del sistema anterior podría incluso afectar la calidad educativa, al impedir que las instituciones respondan con rapidez a los incrementos de costos vinculados a salarios, servicios e insumos.

Con esta medida, la administración nacional profundiza su política de desregulación en sectores históricamente supervisados por el Estado, trasladando a las provincias la definición sobre si mantienen o no los mecanismos de control de aranceles.