La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizaron un fuerte intercambio por WhatsApp a raíz de la sesión convocada para debatir el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa considerada prioritaria por el Gobierno nacional.
Según trascendió y fue confirmado por fuentes con conocimiento de la conversación, el conflicto comenzó cuando Villarruel planteó la posibilidad de postergar la sesión, argumentando inicialmente el clima de celebración por la clasificación de la selección argentina a la final del Mundial. Bullrich rechazó la propuesta y defendió la continuidad del debate legislativo.
La discusión derivó rápidamente en el contenido del proyecto. Villarruel cuestionó especialmente el capítulo referido al régimen de tierras rurales y sostuvo que la iniciativa podría facilitar la venta de tierras a intereses extranjeros, además de advertir sobre posibles riesgos para la soberanía nacional.
Bullrich respondió que la ley no implica la venta del territorio argentino y aseguró que su objetivo es promover inversiones y desarrollo, manteniendo los controles sobre la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros.
Con el avance de la conversación, el intercambio subió de tono y derivó en acusaciones personales. Bullrich llegó a sugerir que, si la vicepresidenta no compartía el rumbo del Gobierno, debía renunciar a su cargo. Villarruel respondió reivindicando la legitimidad de su mandato y cuestionó el rol político de la senadora, en una discusión que terminó con fuertes descalificaciones entre ambas.
El episodio volvió a exponer el deterioro de la relación entre Villarruel y el entorno del presidente Javier Milei. Las diferencias entre la vicepresidenta y la Casa Rosada se profundizaron en los últimos meses y ya no se limitan a cuestiones de funcionamiento político, sino también a proyectos considerados estratégicos por el oficialismo.
Mientras tanto, el Senado continuó con el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya aprobación representa uno de los principales objetivos legislativos del Gobierno.
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