La posible venta de inmuebles nacionales volvió a instalarse en la agenda política bonaerense y también genera atención en Balcarce, donde funciona la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, uno de los centros de investigación y desarrollo agropecuario más importantes del país.

En ese contexto, el diputado provincial de Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de ley destinado a evitar que la venta de inmuebles públicos nacionales avance sin contemplar las competencias de los municipios bonaerenses en materia de planificación territorial y urbanística.

La iniciativa surge luego de que el Gobierno nacional autorizara, mediante el decreto 322/2026, la venta o transferencia de 21 inmuebles estatales, de los cuales once se encuentran en territorio bonaerense.

El proyecto también pone el foco en las decisiones vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que atraviesa un proceso de reorganización y reducción de estructura impulsado por la administración nacional.

La situación es seguida de cerca en Balcarce debido a la relevancia que tiene la Estación Experimental local para la producción agropecuaria, la investigación científica y la formación de profesionales vinculados al sector.

Además, distintas organizaciones vinculadas al ámbito científico, técnico y sindical han manifestado preocupación por un eventual debilitamiento de estructuras estratégicas del organismo, especialmente aquellas relacionadas con la investigación agropecuaria y el acompañamiento a productores.

Acerbo sostuvo que los municipios son quienes determinan usos del suelo, indicadores urbanísticos, preservaciones ambientales y mecanismos de desarrollo territorial, por lo que consideró necesario evitar que operaciones de venta de bienes públicos nacionales generen transformaciones sin la debida intervención de las autoridades locales.

La propuesta busca garantizar que cualquier cambio de uso o eventual desarrollo inmobiliario sobre tierras públicas nacionales quede sujeto a las normas urbanísticas, ambientales y territoriales vigentes en cada distrito bonaerense.

Asimismo, prevé la participación de organismos registrales y catastrales provinciales para impedir la consolidación de operaciones que no acrediten el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

“La Provincia de Buenos Aires y sus municipios no pueden quedar reducidos a meros espectadores frente a procesos de enajenación de bienes públicos nacionales con potencial impacto estructural sobre sus ciudades, territorios, ambientes y comunidades”, señaló el legislador en los fundamentos del proyecto.

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