Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios de Cuba, en una medida que alcanza a empresas relacionadas con la industria del níquel y a organismos vinculados con la investigación, el desarrollo tecnológico y las capacidades militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La decisión fue adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026. Entre los afectados se encuentran ocho empresas y organismos estatales, además de tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyos activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cuyas operaciones con personas y compañías estadounidenses quedan restringidas.
El Departamento de Estado dividió las nuevas designaciones en dos grupos. El primero reúne entidades relacionadas con la ingeniería, la investigación, los servicios técnicos y la explotación minera del níquel. El segundo comprende organismos militares dedicados al desarrollo tecnológico, los sistemas de entrenamiento, la investigación naval y la fabricación de equipamiento electrónico.
Washington sostiene que el níquel representa una fuente de ingresos para el Estado cubano y acusa al gobierno de utilizar los recursos obtenidos de esta actividad para financiar estructuras militares y de seguridad.
Entre las entidades sancionadas figuran SERCONI, vinculada a servicios técnicos, informática, comunicaciones y electrónica para la industria del níquel; CEPRONIQUEL, dedicada a proyectos de ingeniería y operaciones relacionadas con la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación del sector; y PINARES S.A., especializada en estudios geológicos y búsqueda de depósitos minerales.
También fueron incluidas SIMPRO, dedicada a simuladores y entrenamiento militar; CIDNAV, relacionada con programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocada en armamento de infantería; y GELCOM, vinculada con la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.
La medida alcanza además a tres oficiales que dirigen organismos militares: el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, responsable de CIDNAV; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el gobierno cubano concentra los beneficios económicos en la cúpula militar y sostuvo que las nuevas sanciones buscan limitar los recursos destinados a esas estructuras.
Las disposiciones establecen que los bienes y participaciones de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. También se aplican restricciones a empresas que sean propiedad directa o indirecta, en un 50% o más, de personas sancionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también advirtió sobre las posibles consecuencias para compañías extranjeras que realicen determinadas operaciones con personas designadas o con sectores cubanos alcanzados por las restricciones.
Las nuevas medidas se suman a otras rondas de sanciones adoptadas por Washington durante 2026 contra organismos, empresas y funcionarios cubanos. En los últimos meses, las designaciones incluyeron estructuras vinculadas con la defensa, el combustible, las finanzas y la industria del níquel.
Con esta nueva decisión, la administración Trump mantiene su política de presión económica sobre las estructuras estatales y militares de Cuba, mientras el gobierno estadounidense sostiene que continuará utilizando sanciones contra organismos y funcionarios que considere vinculados con el aparato militar y de seguridad de la isla.
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