El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió sobre el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua y señaló que el poder se encuentra cada vez más concentrado en el Ejecutivo y el partido gobernante.

Durante la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Türk sostuvo que la situación en el país es “completamente indefendible” y describió un escenario marcado por la concentración del poder estatal en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobierna desde 2007 bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El documento, correspondiente al período comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026, señala una creciente influencia del oficialismo sobre las instituciones estatales. Según el informe, el FSLN mantiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo, los 153 municipios y los dos consejos regionales de la Costa Caribe.

Además, un análisis de 185 votaciones de la Asamblea Nacional realizadas entre junio de 2025 y mayo de 2026 no registró votos negativos ni abstenciones, incluidos los legisladores pertenecientes a partidos que no forman parte formalmente de la coalición de gobierno.El informe también hace referencia a una reforma constitucional aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional a comienzos de septiembre. La iniciativa establece restricciones para que personas consideradas “traidores a la patria” o “golpistas” puedan participar en elecciones y propone extender el mandato presidencial de seis a siete años.

La modificación todavía necesita una segunda aprobación legislativa prevista para 2027. De entrar en vigencia, las próximas elecciones quedarían postergadas hasta 2028.

En declaraciones previas, Ortega había anticipado su rechazo a nuevos procesos electorales en los términos tradicionales y cuestionado la posibilidad de que sus adversarios utilizaran las elecciones para acceder nuevamente al poder.

El documento de Naciones Unidas también registra denuncias vinculadas con la represión política. Según sus autores, las detenciones arbitrarias continúan siendo una de las principales herramientas utilizadas por las autoridades.

El informe documentó al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes ocurridas bajo custodia que fueron atribuidas al Estado. Naciones Unidas advirtió, sin embargo, que las cifras podrían ser superiores debido a las dificultades para acceder al territorio nicaragüense, la falta de cooperación de las autoridades y el temor de víctimas y testigos a posibles represalias.

A esto se suma el cierre de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Durante el último año fueron disueltas cuatro organizaciones más, llevando a 5.539 el número de entidades cerradas de manera arbitraria durante los últimos ocho años.

También se registró el cierre de un nuevo medio de comunicación, con lo que el número de medios clausurados durante ese período ascendió a al menos 56.

Türk recordó que las protestas contra el gobierno de Ortega de 2018 marcaron un punto de inflexión en la situación política y de derechos humanos del país. Según Naciones Unidas, aquellas manifestaciones dejaron al menos 300 muertos.

“Casi no queda nada por cerrar”, sostuvo el Alto Comisionado al describir el nivel de restricciones alcanzado en Nicaragua.

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