El Gobierno nacional oficializó este martes una profunda transformación en la Policía Federal Argentina (PFA), que dejará de intervenir en cuestiones de seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pasará a centrarse exclusivamente en la prevención e investigación de delitos federales y complejos. Así lo establece el Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Con un modelo de funcionamiento similar al del FBI estadounidense, el Poder Ejecutivo resolvió reorientar la misión de la fuerza hacia una policía de investigación especializada en desarticular organizaciones criminales. La nueva norma también deroga las funciones y atribuciones relacionadas con la seguridad urbana en la Capital Federal, actualiza la estructura interna de la institución y lanza un ambicioso programa de modernización bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación del Programa Presupuestario de “Modernización de la Policía Federal Argentina”, que estará financiado con fondos derivados de la reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales. Este plan prevé inversiones en bienes, equipamiento y soluciones tecnológicas, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de la fuerza.

Además, se implementará un nuevo sistema de ingreso y formación del personal policial. En adelante, se buscará incorporar universitarios graduados, replicando una práctica habitual en otras policías de investigación del mundo, como el FBI, donde la formación académica es incluso un requisito excluyente.

El presidente Javier Milei aprobó también el nuevo estatuto de la Policía Federal, que establece objetivos estratégicos como actualizar la estructura organizativa, profesionalizar los recursos humanos, modernizar protocolos de actuación y utilizar de manera efectiva las tecnologías de la información y la tecnología forense.

El decreto instruye al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, a establecer un cronograma para limitar el ingreso anual de suboficiales, que no podrá superar el número incorporado en 2025. También habilita mecanismos para el pase del personal subalterno al escalafón de oficiales, siempre que su formación o experiencia lo justifique.