El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una observación poco habitual sobre la situación institucional de Argentina al advertir debilidades en los mecanismos de prevención de la corrupción y reclamar mejoras en los sistemas de declaración patrimonial de funcionarios públicos.

La referencia aparece en el informe correspondiente a la segunda revisión del acuerdo vigente entre el organismo y el país, instancia que habilitó un desembolso de 1.050 millones de dólares pese a que no se alcanzaron las metas de acumulación de reservas previstas para el Banco Central.

En el denominado “Box 9” del documento, el FMI sostuvo que es necesario fortalecer los marcos anticorrupción preventivos y señaló que los regímenes de declaración de activos presentan problemas como verificaciones limitadas, escasa transparencia, demoras en la publicación de la información y una aplicación desigual de las normas.

El organismo puso especial énfasis en la necesidad de mejorar los mecanismos que permiten controlar y supervisar el patrimonio de altos funcionarios públicos, una observación que coincide con la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su declaración jurada patrimonial.

Si bien Adorni cuenta con plazo legal hasta el 31 de julio para cumplir con esa obligación, luego de la prórroga dispuesta por el Gobierno nacional respecto del vencimiento original del 31 de mayo, la situación cobró relevancia porque el presidente Javier Milei había anticipado públicamente en mayo que la presentación sería inminente.

La observación adquiere relevancia porque el FMI no suele incluir este tipo de señalamientos específicos sobre transparencia institucional en sus evaluaciones económicas de Argentina. No obstante, el organismo cuenta desde 2018 con un marco especial de gobernanza y anticorrupción que le permite analizar cómo la corrupción o las debilidades institucionales pueden afectar el desempeño económico de los países miembros.

Según el Fondo, la mejora de los sistemas de control patrimonial forma parte de un conjunto más amplio de reformas orientadas a fortalecer la calidad institucional, la rendición de cuentas y la confianza en la administración pública.

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