La Justicia federal analiza por estas horas si otorga el beneficio del arresto domiciliario a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por corrupción en la causa “Vialidad”. Aunque trascendió que el tribunal podría inclinarse a favor de esa modalidad de detención, se estudian restricciones específicas, como limitar sus apariciones públicas desde el balcón de su domicilio en el barrio porteño de Constitución, para evitar que se conviertan en actos políticos.

 La decisión final está en manos del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes aguardan el dictamen del fiscal Diego Luciani. Un informe técnico ya determinó que el domicilio de la exmandataria es apto para cumplir con el arresto domiciliario. Sin embargo, los jueces evalúan el impacto que podría tener la presencia de la expresidenta en el barrio, donde en los últimos días se congregaron cientos de militantes. Un operativo de la Policía de la Ciudad removió carpas y estructuras montadas en la zona.

Se considera implementar un régimen de detención con ciertas limitaciones, como el control de visitas, el uso de redes sociales y sus salidas al balcón. No obstante, dado que el delito por el que fue condenada no está relacionado con medios digitales, imponer restricciones de este tipo podría ser controvertido. Además, la vigilancia del arresto domiciliario se realiza mediante una tobillera electrónica, aunque la expresidenta cuenta con custodia oficial permanente, uno de los argumentos presentados por su defensa para evitar la prisión común, en razón del atentado que sufrió en 2022.

Desde el Gobierno nacional siguen con atención la situación judicial y la convocatoria kirchnerista para movilizarse el miércoles a Comodoro Py, fecha en la que Cristina anticipó que se presentará. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su preocupación: “Una cosa es que le otorguen el arresto domiciliario, y otra que le permitan condiciones que no corresponden, como salir al balcón o tener comunicación abierta”.

Para intentar desactivar la marcha, la Justicia podría notificar a la expresidenta por medios electrónicos, evitando su presencia física en los tribunales. Sin embargo, desde el entorno de Cristina aseguraron que la movilización se concretará “pase lo que pase”. Su abogado, Carlos Beraldi, fundamentó el pedido de arresto domiciliario en razones de seguridad y edad, recordando que Fernández de Kirchner tiene 72 años y ya fue víctima de un intento de asesinato.