El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida en la Argentina y establecer un marco regulatorio integral para su aplicación dentro del sistema sanitario.

La iniciativa reconoce el derecho de toda persona a solicitar asistencia médica para morir bajo determinadas condiciones y mediante un procedimiento regulado, con el objetivo de garantizar decisiones libres, informadas y sin presiones externas.

El proyecto contempla dos modalidades distintas: la eutanasia, donde un profesional de la salud administra una sustancia letal a pedido del paciente, y la muerte asistida, en la que el propio paciente se autoadministra el medicamento previamente prescripto.

Según el texto presentado en el Congreso, podrán acceder quienes padezcan una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico que provoque un sufrimiento considerado intolerable. Además, deberán manifestar su voluntad de manera reiterada y contar con consentimiento plenamente informado.

La propuesta establece una serie de instancias obligatorias de evaluación y control. En primer lugar interviene el médico tratante, luego un equipo interdisciplinario que analiza la situación y acompaña al paciente, posteriormente un médico independiente y, finalmente, una comisión evaluadora que deberá emitir un dictamen previo obligatorio.

Paulón explicó que la persona deberá realizar “al menos dos solicitudes separadas en el tiempo” y aclaró que podrá revocar la decisión en cualquier momento y sin formalidades especiales. El proyecto también incorpora la posibilidad de dejar directivas anticipadas.

En cuanto a los profesionales de la salud, la iniciativa habilita la objeción de conciencia individual, aunque prohíbe que las instituciones médicas invoquen ese derecho para impedir el acceso al procedimiento.

Además, el texto plantea que la muerte asistida sea incorporada como una prestación sanitaria obligatoria, con cobertura en hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga, bajo supervisión estatal.

En los fundamentos del proyecto, el legislador sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar una “muerte digna” basada en la autonomía personal y en el respeto por las decisiones del paciente.

“La falta de regulación genera desigualdad, ya que solo quienes cuentan con recursos pueden acceder a prácticas no formalizadas o viajar al exterior”, argumentó Paulón al defender la propuesta.