El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos resolvió que las distribuidoras no deberán, por ahora, acreditar a los usuarios las penalizaciones acumuladas desde junio de 2017 ni las que se apliquen en adelante. Tampoco estarán obligadas a afrontar sanciones complementarias firmes en sede administrativa.

No obstante, las obligaciones no se eliminan: quedarán registradas en cuentas contables específicas, sujetas a auditorías del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y del propio ministerio.

La decisión busca aliviar la situación financiera de las distribuidoras y cooperativas eléctricas del interior en el marco de la transición tarifaria iniciada en 2020, tras la declaración de la emergencia económica y sanitaria. El objetivo oficial es sostener la sustentabilidad del servicio hasta que se normalice el esquema tarifario con la nueva RTI, cuya aceleración fue recientemente reclamada por el gobernador Axel Kicillof.

El destino final de los montos acumulados se definirá en esa revisión, donde se establecerá si se acreditan a los usuarios, se orientan a inversiones u otro uso previsto en la normativa.