La administración de Javier Milei busca financiamiento privado por al menos US$6.500 millones para encarar obras estratégicas en la red de alta tensión eléctrica, con el objetivo de reforzar el sistema y reducir el riesgo de cortes de luz durante los picos de consumo en verano e invierno.

El esquema planteado por el Ejecutivo prevé que el costo de estas inversiones sea trasladado a las facturas de los usuarios, mediante un nuevo cargo en la tarifa, de manera de garantizar recursos que permitan sostener los proyectos.

En documentos oficiales, el Gobierno reconoce que existen “deficiencias estructurales en redes de alta y media tensión” debido a que las ampliaciones no acompañaron el crecimiento de la demanda. Además, señala que la falta de inversiones mínimas para el mantenimiento ha dejado al sistema en condiciones “incompatibles con una operación confiable”, con riesgo de restricciones y energía no suministrada.

En los últimos diez años, el pico de la demanda eléctrica creció un 26%, mientras que las líneas de alta tensión incorporadas fueron poco más de 1.200 kilómetros, apenas un cuarto de lo sumado en la década anterior.

El plan oficial apunta a revertir esta tendencia con la participación de capitales privados, bajo el incentivo de un nuevo esquema tarifario que asegure la rentabilidad de las obras y fortalezca el sistema energético nacional.