El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales por un plazo de 180 días y establecía un paquete de medidas de asistencia económica a los damnificados por la trágica inundación del 7 de marzo.

El veto fue oficializado mediante el Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se argumenta que las medidas contempladas en la norma “ya fueron adoptadas” a través del Decreto 238/25, que creó el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que el 1° de abril ya se había impulsado un fondo de $200.000 millones para reconstrucción a través de la Agencia Federal de Emergencias, y que luego se dictó el decreto 238 con los mismos objetivos que la ley vetada.

Además, el texto presidencial cuestiona que el proyecto aprobado por el Congreso no especificaba la fuente de financiamiento, en incumplimiento del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, que exige detallar el origen de los recursos en leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general.

La ley vetada había sido impulsada por legisladores bonaerenses y proponía, además del fondo de emergencia, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, promoción de obras con mano de obra local, y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.

El decreto de Milei detalló que, hasta el momento, el Gobierno ya otorgó subsidios a 32.076 personas de las 37.546 que se inscribieron, con 3.962 solicitudes aún en análisis y rechazos en el 4% de los casos.