La Cámara Federal sorteó este lunes la primera denuncia contra el presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA y le tocó a la jueza María Romilda Servini.

Se trata de la denuncia que presentaron por correo electrónico el ex diputado nacional Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Allí acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.

La causa estará a cargo de Servini junto con el fiscal federal Eduardo Taiano. Hay otras denuncias presentadas y -por tratarse de hechos similares- todas quedarán acumuladas en ese primer expediente.

Por disposición de la Cámara, el sorteo se hizo con un bolillero manual. El objetivo era evitar cualquier suspicacia. En el tribunal creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años.

La denuncia de Lozano lleva también las firmas de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-, y María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Sostuvieron que el Presidente participó de “la megaestafa más grande de la historia en este rubro”, que se llevó a cabo “a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.

“Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal”, dijeron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.

En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten “medidas cautelares de protección de prueba”, entre las que enumeraron un “allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)”; y que se “identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas”.

También pidieron que se disponga una “intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados”; un “bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados”; y medidas de “trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa”.