El Gobierno nacional presentó una propuesta de recomposición presupuestaria a las universidades públicas que contempla aumentos salariales, mejoras en becas estudiantiles y fondos adicionales para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Sin embargo, el acuerdo quedó condicionado a que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La oferta fue presentada esta semana durante una reunión reservada entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El encuentro tuvo como objetivo buscar una salida al conflicto que derivó en la última Marcha Federal Universitaria, realizada el pasado 12 de mayo.

La propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes universitarios, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante parte de 2024, todo 2025 y los primeros meses de 2026.

Según el esquema planteado, el incremento se dividiría en dos tramos: un 21,3% en junio y un 3% adicional en octubre. Además, el Gobierno propuso crear una comisión técnica para analizar montos pendientes correspondientes a 2024 y habilitar la reapertura de negociaciones paritarias cada tres meses.

Entre los puntos incluidos en la iniciativa también figura un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios.

No obstante, persiste un reclamo relacionado con la distribución de una partida superior a los $79.000 millones destinada a hospitales universitarios. Las universidades aguardan una convocatoria formal para definir el criterio de asignación de esos recursos, cuyo congelamiento había generado preocupación por la continuidad de las prestaciones sanitarias.

Desde distintos sectores de la comunidad universitaria consideraron que la propuesta presentada por el Ejecutivo resulta “razonable” y que existen condiciones para avanzar hacia una solución del conflicto presupuestario.

Sin embargo, las negociaciones quedaron trabadas por la exigencia del Gobierno de que las universidades retiren la demanda judicial que reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso. Ese punto continúa siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas partes.

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