El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que será tratado durante la primera semana de agosto y apunta a ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que también tendrá impacto en contribuyentes de Balcarce, propone que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por este sistema. Actualmente, el régimen está limitado a quienes tienen ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

El objetivo del oficialismo es aprobar la reforma antes de fines de agosto, aunque deberá negociar con otros bloques debido a que La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, frente a los 129 necesarios para abrir una sesión.

Uno de los puntos que podría generar debate es la posibilidad de que funcionarios públicos adhieran al régimen, una cuestión que podría ser cuestionada por sectores aliados que buscarían excluirlos.

La reforma también mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica y establece nuevos criterios para determinar cuándo existe una "discrepancia significativa" en una declaración jurada. Esta se configuraría cuando una revisión implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado.

En materia de prevención del lavado de dinero, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando mecanismos autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Además, la iniciativa establece beneficios para los fondos canalizados bajo estas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2027 e instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable en sus controles.

De todos modos, los bancos y demás sujetos obligados continuarán teniendo que cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.

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