El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso para correr a la empresa con participación estatal que administra el mercado eléctrico y avanzar en la desregulación del sector. La intención oficial es que hacia adelante las empresas puedan celebrar libremente contratos de compra y venta de energía. Un esquema similar al de los 90′ que trae algunas diferencias dentro de la gestión libertaria y que plantea dudas sobre el futuro de los subsidios en las tarifas.

Energía, a través de la Resolución 21/2025, publicada este martes en el Boletín oficial con la firma de la titular del área, María Tettamanti, dispuso habilitar a las empresas a celebrar contratos libremente sin la intervención de Cammesa. “El proceso de transición será gradual, permitiendo una adaptación armoniosa a un entorno de mayor libertad y competitividad, sin poner en riesgo el abastecimiento de energía ni aumentar los costos para los consumidores”, dijo la Secretaría a través de un comunicado.

El Gobierno desde hace tiempo promueve la idea de un mercado de energía donde la oferta y la demanda puedan realizar transacciones de manera autónoma, para que Cammesa vuelva a estar solo a cargo de operar el sistema eléctrico. La Resolución 150/2024, publicada a mediados del año pasado por el entonces secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo había dispuesto que la empresa ya no podría suscribir contratos de abastecimiento ni actuar como comprador de  combustibles y vendedor de electricidad.

El Gobierno busca ir a un esquema en el que las subvenciones sean canalizadas directamente a los usuarios en sus facturas. Por ahora es solo un horizonte pero eso permitiría que compradores y vendedores de energía puedan avanzar en la libre contratación, pero debería estar la posibilidad de trasladar a la demanda el “costo real” de la energía.

Cammesa resolvió la deuda por unos USD1.000 millones que mantenía con las generadoras, por subsidios atrasados, a partir de otorgar un bono en dólares (AE38) que cotizaba a la mitad de su paridad y que fue clave en el superávit fiscal que consiguió el Gobierno en 2024. Del otro lado, otorgará un plan de pagos para una deuda por unos USD 1.300 millones que tienen las distribuidoras con la empresa por energía despachada que no fue abonada en término, con un “premio para quienes cumplieron”.