El Gobierno nacional decidió poner fin a un mecanismo financiero que venía siendo utilizado por inversores para obtener ganancias rápidas de hasta el 4%, aprovechando la diferencia entre distintas cotizaciones del dólar.

La operatoria, conocida como “rulo”, consistía en explotar la brecha entre el dólar MEP (que se opera dentro del sistema financiero local) y el contado con liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior. A través de una serie de movimientos de ida y vuelta, los operadores lograban capturar esa diferencia en lapsos muy cortos.

El circuito funcionaba así: un inversor compraba dólares en el mercado local, los transfería al exterior —lo que implicaba intervención del Banco Central de la República Argentina— y luego los reingresaba al sistema financiero para volver a empezar el proceso, generando una ganancia por la brecha cambiaria.

Según fuentes del mercado, esta práctica era legal, pero generaba una fuerte presión sobre las reservas del Banco Central, ya que cada giro al exterior implicaba una venta de divisas por parte de la entidad.

Para frenar esta situación, el BCRA implementó una nueva regulación que endurece las restricciones cambiarias. A través de la Comunicación A 8417, estableció que quienes transfieran dólares al exterior deberán presentar una declaración jurada comprometiéndose a no operar con dólar MEP ni CCL durante los 90 días posteriores.

Con esta medida, el Gobierno busca evitar los movimientos rápidos de entrada y salida de divisas, que eran clave para concretar el “rulo”, y al mismo tiempo reducir la presión sobre las reservas.

Si bien la decisión fue bien recibida desde el punto de vista macroeconómico, en el mercado generó malestar, ya que limita oportunidades de inversión y va en sentido contrario a una eventual flexibilización del cepo cambiario.

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