El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para el miércoles 14 de octubre, un día antes de la sesión impulsada por la oposición para tratar el DNU 70/23. La estrategia contempla incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo que vuelva a limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

El Gobierno se encamina a reinstalar restricciones a la venta de tierras a extranjeros mediante el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate en la Cámara de Diputados.

El oficialismo convocó para el próximo miércoles 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí comenzará formalmente el tratamiento de la iniciativa y, según acordaron La Libertad Avanza y sus bloques aliados, se incorporará un capítulo referido a la venta de tierras.

La convocatoria tendrá además una fuerte relevancia política porque se realizará apenas un día antes de la sesión especial solicitada por la oposición para tratar la derogación del DNU 70/23.

La estrategia oficialista apunta a ofrecer una alternativa a los bloques aliados que rechazan que la venta de tierras quede completamente desregulada, pero que tampoco están dispuestos a acompañar una derogación integral del decreto impulsado por el Gobierno.

La posibilidad de reincorporar las restricciones sobre la propiedad de tierras ya había comenzado a ser analizada en los últimos días y terminó de tomar forma durante una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a representantes de los bloques aliados.

Entre los sectores que plantearon la necesidad de una solución estuvieron el MID y el PRO. El objetivo es encontrar un punto de acuerdo que permita modificar la regulación sobre tierras sin avanzar sobre el conjunto de reformas incluidas en el DNU 70/23.

Según fuentes del oficialismo, durante el plenario del miércoles se incorporarán las propuestas de los aliados al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Una de las alternativas que toma mayor fuerza es restablecer el límite del 15% para la venta de tierras provinciales y municipales a extranjeros, tal como establecía la legislación anterior al DNU 70/23.

El capítulo sobre tierras había sido eliminado del proyecto durante su tratamiento en el Senado antes de que el dictamen fuera rechazado. Por ese motivo, el oficialismo considera que existe margen parlamentario para volver a incorporarlo en Diputados.

La discusión se da en paralelo al intento de la oposición de avanzar con la derogación del DNU 70/23. El decreto eliminó o modificó numerosas regulaciones en sectores como comercio, transporte, alquileres, salud, sistema financiero, mercado aéreo y actividad inmobiliaria.

Entre otras medidas, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, además de flexibilizar regulaciones sobre tasas bancarias, cuotas de empresas de medicina prepaga y venta de tierras.

Desde el oficialismo advierten que una derogación completa del decreto provocaría un fuerte impacto administrativo y judicial debido a la cantidad de normas y sectores alcanzados.

En ese escenario, la incorporación de un nuevo capítulo sobre tierras busca contener el reclamo de los aliados y, al mismo tiempo, evitar que esos bloques acompañen la estrategia opositora para reunir el quórum necesario y avanzar contra el DNU.

La misma lógica parlamentaria podría trasladarse al tratamiento de la nueva ley de discapacidad, previsto para el 21 de octubre.

Desde el bloque libertario anticiparon que están dispuestos a incorporar buena parte de las observaciones realizadas por los bloques aliados al proyecto.

La intención del oficialismo es utilizar esas modificaciones para restarle argumentos a la oposición y dificultar la conformación del quórum para la sesión prevista para el 15 de octubre, en la que también se buscará prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

De esta manera, el Gobierno busca avanzar con una estrategia de negociación con sus aliados para evitar que el Congreso se convierta en un escenario favorable para la derogación de las principales reformas impulsadas mediante el DNU 70/23.

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