El abogado Mario Bolla, representante de la investigadora del INTA y del CONICET Virginia Aparicio, cuestionó el sumario administrativo que enfrenta su defendida y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una eventual exoneración. En una entrevista exclusiva con GABAL, sostuvo que las imputaciones son débiles, puso en duda los argumentos utilizados para justificar la salida argentina del proyecto internacional SPRINT y reclamó explicaciones sobre el destino de los resultados de la investigación.

“Es un tema que nos atraviesa como sociedad, más allá de la situación particular de la doctora Aparicio, porque estamos frente a una cuestión de salud pública”, señaló Bolla, quien también cuestionó el silencio que, según planteó, mantuvieron durante más de tres años las autoridades del INTA y del Estado nacional.

El caso se remonta a 2023, cuando se interrumpió la participación argentina en SPRINT, un proyecto internacional destinado a estudiar la presencia de plaguicidas y sus posibles efectos en la salud humana y el ambiente. Aparicio había coordinado el trabajo en el país, que incluyó la participación de voluntarios y la recolección de muestras. La suspensión de las actividades y de la presentación de los resultados derivó posteriormente en un procedimiento administrativo contra la investigadora.

El sumario y la posibilidad de una exoneración

Según explicó Bolla, el procedimiento se inició durante los últimos días del gobierno de Alberto Fernández y, en febrero de 2025, Aparicio recibió la notificación formal de un sumario con ocho imputaciones. Para el abogado, la investigación administrativa terminó concentrando las responsabilidades en la coordinadora argentina, pese a que la decisión de interrumpir la participación en SPRINT había sido tomada por las máximas autoridades del organismo.

“Las imputaciones que le hacen son endebles. Vos leés las imputaciones y parece que estuvieras hablando de Robledo Puch, no de una investigadora”, expresó.

El abogado también explicó la diferencia entre una cesantía y una exoneración, dos sanciones con consecuencias distintas dentro de la Administración Pública Nacional. Mientras la primera implica la pérdida del empleo, la segunda puede impedir el reingreso a organismos estatales. En el caso de Aparicio, Bolla advirtió que una medida de ese tipo también podría afectar su continuidad como investigadora del CONICET.

“Si te exoneran, no solamente perdés el trabajo, sino que perdés la posibilidad de volver a entrar a un organismo de la Administración Pública Nacional”, remarcó.

Bolla sostuvo que, desde su interpretación jurídica, no están dadas las condiciones para aplicar la sanción más grave. Además, negó que exista un perjuicio material para el INTA atribuible a su defendida y afirmó que la decisión de abandonar el proyecto fue institucional. Según indicó, la defensa buscará agotar la vía administrativa y, posteriormente, recurrir a la Justicia Federal con asiento en Mar del Plata.

Aunque aclaró que no cuenta con una resolución oficial que confirme el desenlace, aseguró que recibió información extraoficial según la cual la decisión de exonerar a Aparicio ya estaría tomada. Por eso, consideró que la discusión podría trasladarse al ámbito judicial.

La investigación y los resultados que quedaron sin devolución

Otro de los ejes de la entrevista fue el destino de los resultados obtenidos durante el proyecto. Bolla explicó que SPRINT tenía dos grandes etapas: una primera destinada al diagnóstico, mediante la toma y el análisis de muestras, y una segunda orientada a trabajar a partir de esos datos.

Según su planteo, el INTA interrumpió el proceso después de la etapa de diagnóstico y no avanzó con una devolución institucional a los participantes. “Los 73 voluntarios que estaban esperando que les dijeran cómo se seguía quedaron de a pie, porque no hubo una devolución institucional”, afirmó.

El abogado también cuestionó que, de acuerdo con la información que maneja, no se hayan comunicado formalmente los resultados a las autoridades sanitarias de los distritos involucrados. Mencionó a Balcarce, Tres Arroyos, Lobería, Necochea y General Pueyrredón entre las localidades vinculadas con el relevamiento.

En ese sentido, sostuvo que los resultados ya se encuentran disponibles públicamente en el sitio del proyecto SPRINT y que fueron publicados a nivel internacional en junio de este año. Para Bolla, esa situación vuelve todavía más necesario que las instituciones expliquen qué ocurrió con la investigación y qué información se encuentra disponible para las comunidades participantes.

Qué se buscaba estudiar y cuál es la preocupación sanitaria

El abogado evitó afirmar que los resultados de SPRINT demuestren por sí mismos que las sustancias estudiadas sean tóxicas. En cambio, puso el foco en la preocupación por la presencia y la concentración de estos compuestos en el organismo de las personas que viven en el sudeste bonaerense.

“Lo preocupante es la cantidad, la concentración que tenemos todos nosotros como habitantes del sudeste de esas sustancias en nuestro cuerpo”, manifestó.

Bolla también cuestionó la falta de respuestas de organismos científicos, académicos y profesionales frente a la situación de Aparicio. Mencionó al propio INTA, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y a la Universidad Nacional de Mar del Plata, aunque reconoció que hubo pronunciamientos de algunas instituciones y organizaciones.

En el plano local, destacó las intervenciones de los concejales Sol Di Gerónimo y Gabriel Petruccelli, quien además es médico, en torno a la necesidad de abordar la cuestión desde la salud pública. El tema ya había sido planteado en el Concejo Deliberante, en medio de los reclamos para que se conozcan los resultados y se brinden explicaciones sobre la interrupción del proyecto.

“Los habitantes del sudeste somos nosotros. No estamos viendo esto por televisión: lo estamos viviendo acá”, expresó Bolla, al cuestionar la falta de respuestas institucionales.

La defensa de Aparicio y el futuro de su carrera

Para el abogado el principal argumento de defensa de Aparicio es que los procedimientos del proyecto habían sido acordados institucionalmente y que, por lo tanto, no debería atribuirse de manera individual a Aparicio la responsabilidad por las decisiones adoptadas posteriormente por las autoridades del INTA.

Bolla señaló que una eventual exoneración implicaría la pérdida de los 22 años de trayectoria que Aparicio lleva vinculada a la investigación pública. Agregó que la profesional recibió invitaciones para continuar su actividad en el exterior y en otros ámbitos científicos, aunque remarcó que eso no compensaría la pérdida de su lugar dentro de los organismos nacionales.

“Ella se considera parte de la educación pública y de la salud pública desde su trabajo como investigadora. Es una lástima que le borren de un plumazo una carrera investigadora”, sostuvo.

Además, indicó que algunos voluntarios que participaron del estudio ya consultaron sobre la posibilidad de impulsar una acción colectiva para obtener información sobre los resultados. Según explicó, los participantes podrían recurrir a mecanismos legales para solicitar esa documentación.

Hacia el cierre, Bolla volvió a cuestionar la falta de explicaciones públicas sobre la interrupción del proyecto y defendió la necesidad de mantener abierta la discusión. “Esto es una cuestión que nos atañe a todos”, concluyó, al pedir que se continúe investigando y difundiendo información sobre el caso.

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