A un día de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires volvieron a enfrentarse por la asignación de recursos destinados a hospitales universitarios.

El conflicto se intensificó luego de que directores de hospitales dependientes de universidades nacionales advirtieran que, si no se revierte la situación financiera, algunos centros de salud podrían dejar de funcionar en un plazo de 45 días.

Desde la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que el Gobierno “no giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales”, en respuesta a declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había afirmado que las denuncias por falta de financiamiento eran “falsas”.

“No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni”, expresó Yacobitti, y agregó que el propio comunicado del Ministerio de Capital Humano reconoce que la partida de 80.000 millones de pesos prevista para hospitales universitarios aún no fue ejecutada.

Por su parte, el Gobierno endureció su postura y acusó a la UBA de impulsar “una extorsión política” para obtener mayores recursos.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la universidad pretende quedarse con “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios de todo el país.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales, donde además señaló que otras universidades nacionales también solicitaron fondos para sostener sus centros de salud.

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