La Justicia sumó un nuevo capítulo en torno a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con un fallo que volvió a resultar favorable al Ejecutivo.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.

Cambio de escenario judicial

El tribunal, integrado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Duffy, confirmó la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, donde continuará el análisis sobre la constitucionalidad de la reforma.

La decisión respalda la postura del Estado nacional, que había solicitado el traslado del expediente mediante una inhibitoria, con intervención de la Secretaría de Trabajo —dependiente del Ministerio de Capital Humano— y la Procuración del Tesoro.

Según los magistrados, el caso excede lo estrictamente laboral y abarca cuestiones federales, como la organización del sistema judicial y la participación del Estado en la norma cuestionada.

Críticas al juez laboral

En uno de los puntos más duros del fallo, la Cámara cuestionó el procedimiento seguido por el juez del fuero laboral, al considerar que se apartó del marco legal previsto.

Los camaristas señalaron que su accionar derivó en un “procedimiento deformado”, que generó un conflicto innecesario y atentó contra la celeridad del proceso.

Además, remarcaron que las leyes que modifican la competencia judicial son de orden público y se aplican de forma inmediata, incluso en causas en trámite, rechazando así uno de los argumentos centrales de la CGT.

Impacto político y judicial

La resolución se suma a otro fallo reciente que había permitido mantener vigente la reforma mientras se tramitan las apelaciones.

Para el Gobierno, implica consolidar la discusión en un fuero donde suelen resolverse los litigios contra el Estado. Para la central obrera, en cambio, representa un retroceso en su estrategia judicial.

De este modo, la causa continuará en el ámbito contencioso administrativo, en una disputa que sigue abierta, pero que hasta ahora acumula definiciones favorables para la Casa Rosada.

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