El fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Gendarmería Nacional, por el uso indebido de la fuerza durante una protesta en defensa de jubilados realizada el 12 de marzo de 2025. La acusación sostiene que el efectivo efectuó disparos sin justificación y en una modalidad prohibida por los protocolos vigentes.

Según la investigación, Guerrero realizó varios disparos con una pistola lanza gases en un lapso de 20 minutos, lo que para la fiscalía no solo evidencia un accionar irregular, sino también una conducta que implicó riesgos graves para los manifestantes y trabajadores de prensa presentes en el lugar.

El punto central de la imputación está en la forma en que se efectuaron los disparos. De acuerdo al dictamen, fueron realizados en forma horizontal, una práctica expresamente prohibida, y sin que existiera una situación concreta que justificara ese nivel de intervención por parte de las fuerzas de seguridad.

Como consecuencia de esa secuencia, uno de los proyectiles impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Nahuel Grillo, quien se encontraba cubriendo la manifestación. El trabajador de prensa sufrió fractura de cráneo, compromiso neurológico severo y un extenso proceso de recuperación, con secuelas que podrían ser permanentes.

Para el fiscal, el gendarme contaba con la formación necesaria para conocer los límites del uso del arma, pero aun así se apartó de los protocolos establecidos. En ese sentido, también cuestionó la falta de proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza.

Incluso frente al planteo defensivo que niega la intención de causar daño, la fiscalía remarcó que el riesgo generado por ese accionar era previsible, lo que refuerza la acusación sobre la responsabilidad del efectivo en el hecho.

Te puede interesar: