El Gobierno nacional consiguió USD 700 millones en una licitación de deuda clave, mediante la colocación de bonos en dólares, y al mismo tiempo alcanzó un rollover del 102,15% en sus compromisos en pesos, evitando así liberar liquidez al mercado.

La operación, encabezada por la Secretaría de Finanzas, se dio bajo la gestión del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

El foco estuvo puesto en los Bonares: se adjudicaron USD 350 millones del Bonar 2027 (AO27) a una tasa del 5,16% y el mismo monto del Bonar 2028 (AO28) al 8,77%, reflejando una mayor exigencia del mercado para plazos más largos.

En paralelo, el Tesoro adjudicó $8,11 billones en instrumentos en pesos, sobre ofertas por $9,19 billones. Esto permitió renovar más deuda de la que vencía y absorber pesos, en una señal de política monetaria contractiva para contener la inflación y el tipo de cambio.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, lidera esta estrategia que busca estirar plazos y aliviar el perfil de vencimientos de corto plazo.

Sin emisión adicional

Uno de los puntos centrales de la licitación fue que el Gobierno no volcó pesos al mercado, sino que, por el contrario, retiró liquidez. Esto se da en un contexto en el que el Tesoro intenta coordinar con el Banco Central para evitar presiones inflacionarias.

La mayor parte de la colocación en moneda local se concentró en una letra a corto plazo con vencimiento en junio, mientras que el resto se distribuyó en bonos atados a inflación y tasas variables, con plazos que llegan hasta 2029.

Plan para afrontar la deuda

La licitación forma parte de una estrategia más amplia para reunir hasta USD 10.000 millones y hacer frente a vencimientos en moneda extranjera previstos para 2026 y 2027.

En ese marco, el equipo económico también negocia respaldo de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que aportarían garantías por más de USD 2.500 millones para facilitar financiamiento.

El objetivo es refinanciar capital, cubrir intereses con superávit fiscal y evitar recurrir a los mercados internacionales, donde las tasas superarían el 9% anual debido al riesgo país.

Con este esquema, el Gobierno busca ordenar el perfil de deuda, extender plazos y reducir costos financieros, en un escenario todavía exigente para el acceso al crédito.

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