El Gobierno nacional oficializó este jueves la venta de cuatro centrales hidroeléctricas a través de una resolución del Ministerio de Economía, aunque firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida, publicada en el Boletín Oficial, dispone la privatización de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, mediante un concurso público nacional e internacional.
La resolución 1569/2025 establece la venta de la totalidad del paquete accionario de las sociedades anónimas que administran las centrales. Los pliegos de licitación estarán disponibles en los portales oficiales CONTRAT.AR, DGMARKET (Banco Mundial) y en la Secretaría de Energía.
Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en su plan de desinversión de activos estatales para recaudar divisas. Dentro del mismo esquema figura la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.
El complejo hidroeléctrico Alicurá, ubicado sobre el río Limay entre Neuquén y Río Negro, data de 1984 y tiene una potencia de 1.000 MW. Le siguen El Chocón, también sobre el Limay, con una generación media anual de 3.350 GWh, y Piedra del Águila, con 5.500 GWh, además de Cerros Colorados, sobre el río Neuquén, con 1.510 GWh de producción media.
La resolución se conoció en simultáneo con la autorización para la venta del 44% de Nucleoeléctrica, una medida impulsada por Demian Reidel, responsable del Plan Nuclear Argentino y figura cercana al presidente Javier Milei. El Estado conservará el 51% del capital accionario, mientras que el 5% restante quedará en manos de los trabajadores.
Ante el anuncio, las dos CTA convocaron a una caravana y concentración en Zárate bajo la consigna “Las centrales no se venden”. Paralelamente, desde el Senado, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, buscaba reunir los votos necesarios para declarar las hidroeléctricas como “inenajenables”, aunque la cercanía de las elecciones complicó esa estrategia.
En la oposición persisten sospechas sobre la injerencia de empresas privadas extranjeras en el proceso, particularmente tras el anuncio de una inversión de US$ 25.000 millones de OpenAI en un centro de datos en Argentina, que —según dirigentes opositores— podría estar vinculado con la disponibilidad de energía de las plantas en venta.
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