La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley un proyecto impulsado por el senador Marcelo Feliú que introduce modificaciones a la Ley 14.528 de Adopción, con el objetivo de agilizar los procedimientos, unificar plazos con la normativa nacional y mejorar las garantías del proceso, siempre bajo el principio del Interés Superior del Niño.

La norma vigente, sancionada hace más de una década, presentaba demoras burocráticas que prolongaban la definición de la situación de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, uno de los principales puntos que busca revertir la reforma. En ese sentido, se apunta a acortar los tiempos de los dictámenes, acelerar la declaración de adoptabilidad y evitar permanencias prolongadas en dispositivos institucionales.

Este cambio normativo adquiere especial relevancia en Balcarce, donde en los últimos meses la situación del área de Protección a la Infancia volvió a quedar bajo la lupa pública y judicial. En ese marco, la modificación de la ley provincial aparece como una herramienta clave para que los niños y niñas que hoy se encuentran bajo medidas de abrigo puedan acceder más rápidamente a una familia, evitando extensos períodos de institucionalización.

Entre los puntos centrales de la reforma, se garantiza el patrocinio jurídico gratuito, se refuerza la participación activa de niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción, y se establece la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia. Además, se reafirma el rol estratégico de los servicios locales de promoción y protección de derechos, actores fundamentales en la detección, evaluación y acompañamiento de cada situación.

La nueva ley también incorpora la posibilidad de aplicar figuras alternativas a la medida de abrigo, en casos de alta vulnerabilidad donde aún no estén dadas las condiciones de adoptabilidad, y profundiza la capacitación obligatoria de todos los actores intervinientes, incluidos los pretensos adoptantes, con el objetivo de derribar prejuicios y mitos que suelen desalentar la inscripción en los registros.

Otro aspecto novedoso es la creación de licencias especiales para adoptantes del sector público, tanto durante las guardas preadoptivas como en el proceso de adopción y trámites administrativos. La medida busca garantizar tiempo y condiciones adecuadas para el desarrollo del vínculo familiar, y se sugiere que esta política sea replicada en los convenios colectivos del sector privado.

Desde el ámbito legislativo se remarcó que la adopción no es un derecho de los adultos, sino un derecho de los niños y niñas que no pueden permanecer con sus familias de origen a crecer en un entorno familiar. Bajo esa premisa, la reforma se presenta como una respuesta concreta a una problemática estructural que también interpela a los municipios y a sus áreas de niñez.

En ese sentido, la modificación de la Ley de Adopción refuerza el debate local sobre Protección a la Infancia, al ofrecer un marco legal más ágil y claro que puede permitir que los procesos se resuelvan con mayor rapidez, priorizando el bienestar de los chicos y chicas que hoy esperan una definición sobre su futuro.