El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez, con el objetivo de corregir distorsiones generadas por la Ley 27.793 y avanzar hacia un esquema más ordenado y con controles reforzados.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la dualidad entre invalidez laboral y discapacidad, que había sido incorporada por la normativa vigente. La iniciativa propone una única pensión por invalidez laboral, basada en la imposibilidad de trabajar y en condiciones de vulnerabilidad económica verificables.
El proyecto incorpora además un sistema de control continuo, que reemplaza mecanismos previos considerados insuficientes. Entre las herramientas previstas se incluyen auditorías periódicas a prestadores, cruces de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y la posibilidad de suspensiones preventivas sujetas a revisión.
En materia de financiamiento, la iniciativa establece partidas presupuestarias específicas y define que los recursos provendrán del Ministerio de Salud y, en caso de ser necesario, del Tesoro Nacional, a diferencia del esquema actual que no explicitaba su impacto fiscal.
Otro de los puntos relevantes es la modificación del nomenclador, que dejará de fijar aranceles para pasar a garantizar un piso mínimo prestacional, basado en estándares de calidad, oportunidad y adecuación. Los valores serán definidos mediante acuerdos entre financiadores y prestadores, mientras que en el caso del Estado nacional estarán a cargo de la SENADIS, con actualizaciones trimestrales.
El proyecto también promueve la federalización del sistema, habilitando una mayor participación de las provincias mediante convenios y esquemas de financiamiento según competencias, con el objetivo de reducir la centralización actual.
Finalmente, la iniciativa busca establecer un marco normativo permanente, en reemplazo del carácter excepcional de la ley vigente, que había sido concebida como una herramienta de emergencia.
Te puede interesar:
