El juez laboral Raúl Horacio Ojeda resolvió dar marcha atrás con uno de los puntos centrales de la cautelar que había frenado parcialmente la reforma laboral, al revocar la suspensión del artículo 55 de la Ley 27.802, que regula la actualización de créditos laborales.

La decisión implica un giro relevante, ya que ese artículo establece que los créditos derivados de relaciones laborales deben actualizarse por IPC más un 3% anual, un esquema que había quedado inicialmente paralizado tras una medida solicitada por la CGT.

En su nueva resolución, el magistrado explicó que las cautelares son medidas provisorias que pueden modificarse ante nuevos elementos. En ese sentido, sostuvo que un análisis posterior lo llevó a concluir que la suspensión del artículo podía resultar perjudicial para los propios trabajadores.

Según argumentó, un relevamiento realizado en distintas jurisdicciones del país evidenció que, en varios distritos, los mecanismos de actualización vigentes eran menos favorables que los contemplados en la nueva normativa. Por eso, decidió dejar sin efecto la cautelar en ese punto y diferir el análisis de fondo para la sentencia definitiva.

El cambio introduce además un criterio descentralizado: a partir de ahora, cada jurisdicción deberá evaluar la aplicación de los artículos 54 y 55 en los casos concretos, dejando atrás la lógica de una suspensión uniforme a nivel nacional.

La marcha atrás también abre un debate más amplio sobre el alcance de las medidas cautelares en reformas estructurales. El propio fallo deja entrever que la decisión inicial, que había suspendido decenas de artículos de la ley, pudo haber sido demasiado amplia frente a la diversidad de situaciones judiciales en el país.

El episodio suma un nuevo capítulo a la discusión en torno a la reforma laboral, que ya había generado fuertes cruces entre sectores sindicales y empresariales. Mientras algunos celebraron el freno inicial, otros cuestionaron el impacto en la seguridad jurídica.

Ahora, con este cambio parcial, el escenario vuelve a reconfigurarse y deja en evidencia la complejidad de aplicar medidas judiciales sobre reformas de alcance nacional en un sistema con realidades heterogéneas.

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