El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores y personas vinculadas a la política.

La decisión incluye la recolección de legajos completos, evaluaciones crediticias y documentación de compra de inmuebles, además de un informe detallado sobre los mecanismos de aprobación de préstamos y los cambios normativos desde diciembre de 2023.

Asimismo, el magistrado solicitó a la Auditoría General de la Nación la realización de una auditoría específica para determinar si existieron beneficios indebidos o irregularidades en la asignación de estos créditos.

Las medidas habían sido impulsadas por el fiscal Gerardo Policcita, quien investiga si se otorgaron préstamos en condiciones ventajosas a funcionarios públicos, en posible incumplimiento de la normativa financiera.

En ese marco, también se requirió información sobre la cantidad total de créditos concedidos a funcionarios y el monto involucrado, así como datos a organismos oficiales sobre los cargos de los beneficiarios.

La causa busca determinar si hubo privilegios indebidos en el acceso a créditos que, en algunos casos, alcanzan cifras millonarias, en detrimento de los recursos de la entidad bancaria.

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