El organismo internacional con sede en Hamburgo definirá si el proyecto Sea Lion podrá continuar con su cronograma de perforaciones o deberá suspenderse temporalmente. Argentina solicitó medidas provisionales para frenar las operaciones impulsadas por el Reino Unido y advirtió sobre los riesgos ambientales y sus derechos sobre los recursos de la plataforma continental.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) estableció el próximo 28 de noviembre como fecha para anunciar su decisión sobre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al cierre de las dos jornadas de audiencias celebradas en Hamburgo, Alemania, en las que representantes argentinos y británicos expusieron sus argumentos ante los magistrados.

La resolución determinará si el Reino Unido deberá suspender las actividades vinculadas con el desarrollo petrolero hasta que se resuelva la controversia de fondo o si el proyecto podrá avanzar según el cronograma previsto.

La Argentina había solicitado una decisión en un plazo más breve, incluso durante esta misma semana. Sin embargo, el Tribunal contará con 17 días para analizar los planteos de ambas delegaciones.

El reclamo argentino y la respuesta británica

Durante sus conclusiones, el representante argentino Mario Oyarzábal presentó cuatro medidas que Buenos Aires pretende que el Tribunal ordene al Reino Unido.

Entre ellas, solicitó suspender las nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion, evitar el uso de información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, garantizar que el país pueda cumplir sus obligaciones de protección ambiental y abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Por su parte, el especialista Marcelo Kohen sostuvo que el Tribunal puede intervenir sin necesidad de pronunciarse sobre la soberanía de las islas. Según explicó, alcanza con que los derechos invocados por la Argentina sean considerados plausibles dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Reino Unido rechazó esa interpretación. Su representación argumentó que los planteos argentinos están directamente relacionados con la disputa territorial y que el Tribunal no tiene competencia para resolver cuestiones de soberanía.

La delegación británica también cuestionó que Buenos Aires haya demostrado la existencia de un perjuicio grave e inminente que justifique la adopción de medidas provisionales.

La preocupación por el impacto ambiental

Otro de los ejes centrales de las audiencias fue el riesgo ambiental asociado con la explotación petrolera.

La defensa argentina advirtió que el proyecto podría extenderse durante 30 años e involucrar la perforación de 26 pozos, la instalación de infraestructura submarina y la operación de un buque de producción.

También señaló las dificultades que podría representar la respuesta ante eventuales derrames de petróleo en una zona caracterizada por condiciones meteorológicas adversas.

Entre los argumentos presentados se mencionó información del propio operador del proyecto, Navitas Petroleum, sobre la posibilidad de que un derrame de gran magnitud alcance aguas internacionales.

La defensa británica, en cambio, sostuvo que los riesgos fueron evaluados en los estudios de impacto ambiental y calificó como muy improbable un escenario de pérdida catastrófica del buque de producción.

Además, cuestionó las estimaciones argentinas sobre la posibilidad de daños ambientales y defendió la viabilidad técnica y económica de la iniciativa.

El factor decisivo: los plazos de perforación

La fecha de inicio de las perforaciones constituye uno de los principales argumentos de la presentación argentina. Según lo expuesto ante el Tribunal, las tareas de desarrollo comenzarían el 21 de marzo de 2027.

Buenos Aires sostiene que el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención podría no estar en condiciones de intervenir antes de ese momento.

La defensa argentina presentó antecedentes de seis controversias internacionales para demostrar que la constitución de esos tribunales puede demorar varios meses.

El Reino Unido rechazó esa comparación y sostuvo que existen precedentes en los que los mecanismos arbitrales actuaron con rapidez, incluso ante solicitudes urgentes de medidas provisionales.

En el cierre de su exposición, el representante argentino Nico Schrijver advirtió sobre las consecuencias de permitir que comiencen las perforaciones antes de una resolución judicial.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar”, sostuvo, antes de concluir con una frase dirigida a los magistrados: “Si no es ahora, nunca será”.

La representante británica Sally Langridge, por su parte, pidió rechazar íntegramente las solicitudes argentinas y aseguró que no se encuentran acreditados los requisitos necesarios para ordenar la suspensión del proyecto.

La decisión del 28 de noviembre será clave para determinar el futuro inmediato de Sea Lion y establecer si las operaciones petroleras podrán continuar en las aguas que rodean a las Islas Malvinas mientras permanece abierta la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

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