El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y solicitó que la investigación sea trasladada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico por posibles irregularidades tributarias.

Según el dictamen, la prueba reunida no permitió demostrar que el incremento patrimonial cuestionado se hubiera originado durante el período en que el ex jefe de Gabinete se desempeñó en el Gobierno. Sin embargo, la decisión no implica un sobreseimiento, ya que todavía deberán analizarse posibles omisiones en sus declaraciones impositivas.

La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pedido de la Fiscalía y remite el expediente al fuero especializado.

Las operaciones patrimoniales bajo investigación

Durante el análisis, la Fiscalía detectó gastos por USD 402.578,12, de los cuales USD 374.081,66 habrían sido abonados en efectivo. También identificó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos acreditados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas registrados durante el período investigado.

Entre las operaciones examinadas figuraron la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, las reformas de viviendas, la adquisición de un departamento en Caballito, viajes, alquileres y otros consumos familiares.

Frente a las observaciones, la defensa de Adorni sostuvo que una parte importante de los fondos provenía de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2014 y 2018. Según su explicación, esas operaciones habrían generado USD 591.544,61, que posteriormente fueron conservados en efectivo.

Pollicita entendió que los elementos incorporados al expediente no permitieron refutar esa explicación. La figura de enriquecimiento ilícito requiere acreditar un incremento patrimonial injustificado producido durante el ejercicio de la función pública, algo que, según el dictamen, no pudo demostrarse en este caso.

Las posibles irregularidades tributarias

Aunque el fiscal consideró que no había pruebas suficientes para mantener la acusación original, identificó cuestiones que podrían configurar delitos tributarios.

Entre ellas aparecen posibles omisiones de ingresos y bienes en las declaraciones juradas, operaciones con criptomonedas, tenencia de dólares fuera del sistema bancario y diferencias entre la información aportada a plataformas financieras y los registros de los organismos fiscales.

Por ese motivo, solicitó que la Justicia Penal Económica investigue si existieron irregularidades en el pago de Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.

También pidió investigar a otras personas

El dictamen incluyó pedidos para que se analicen las actuaciones de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, además del contratista Matías Tabar, por operaciones vinculadas con las propiedades investigadas.

Asimismo, solicitó que el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires evalúe la intervención de Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones inmobiliarias examinadas.

Entre los inmuebles que concentraron la investigación se encuentran una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2024 por USD 120.000, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, comprado en 2025 por USD 230.000.

La causa también incluyó el análisis de préstamos privados, reformas abonadas en efectivo y consumos realizados con tarjetas de crédito de personas del entorno del ex funcionario.

De esta manera, el planteo de Pollicita modifica el rumbo de la investigación: por el momento, considera que no existen elementos suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito, pero solicita profundizar las posibles irregularidades fiscales. La decisión final sobre el cambio de fuero quedará ahora en manos del juez Ariel Lijo.

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